El Supremo imputa al fiscal general García Ortiz por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso

El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una investigación penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos al desmentir en un comunicado de prensa que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está investigado por presunto fraude fiscal. En la nota, se aclaraba que era el abogado de la defensa quien había ofrecido un pacto al Ministerio Público. Se trata de la primera vez que el alto tribunal imputa a un fiscal general del Estado.

La Sala de lo Penal del alto tribunal también ha abierto una investigación a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración del citado comunicado.

En su auto, los magistrados precisan que la cuestión primordial es determinar si la conducta atribuida por los querellantes, entre ellos el novio de Ayuso, puede encajar en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revela secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

Para ello, la Sala transcribe primero el contenido de la controvertida nota subraya al respecto que “se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos” -se habían publicado en los medios de comunicación-, pero de la declaración como testigo del fiscal que llevaba el caso, Julián Salto, “se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular (el novio de Ayuso) fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial (…)”.

El auto expone que las informaciones contenidas en esa nota informativa ya habían sido sacadas a la luz por distintos medios de comunicación los días 12 y 13 de marzo. En concreto, habían informado de la existencia de un correo electrónico del abogado de González Amador, de fecha 2 de marzo de 2024, dirigido a la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que manifestaba que, de común acuerdo con su cliente, asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos” y se comprometía a pagar la cuota e intereses de demora.

Los magistrados añaden que a partir del 11 de junio de 2024, momento en que García Ortiz envió un escrito indicando que la difusión de la nota no se hubiera producido sin su autorización y sin sus instrucciones expresas y directas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió su falta de competencia y dejó de practicar la instrucción por la posible implicación de García Ortiz, que está aforado.

Los correos del fiscal del caso

Así, señala el auto, la investigación quedó inconclusa para conocer “cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa”.

En cuanto al posible perjuicio causado, la Sala considera que, en este momento inicial de formación de la causa, resulta difícil de fijar, pero estima que “al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa” del novio de la presidenta madrileña como consecuencia de la revelación del correo existente entre su letrado y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto.

(Noticia en ampliación)