Los inquilinos toman este domingo la calle en Madrid y no solo miran a Ayuso: la ministra de Vivienda “tiene que dejar de dar bandazos”

“Se acabó. Bajemos los alquileres”. Este reivindicativo lema será coreado este domingo por las principales arterias de Madrid para reclamar la rebaja de los alquileres un 50% y una solución a la crisis de acceso a la vivienda. La manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas y a la que se han sumado otros colectivos y sindicatos, no solo se producirá en la capital de España, ya que las protestas por esta cuestión se trasladarán en los próximos días a las calles de Barcelona, Valencia, Málaga o Tenerife.

La vivienda se sitúa como uno de los principales problemas de la ciudadanía, especialmente para los jóvenes, para quienes emanciparse o tener acceso a una vivienda propia resulta una quimera. Dado el agravamiento de la situación, los colectivos por el derecho a la vivienda han hecho un llamamiento para reclamar soluciones a la clase política. De este modo, las organizaciones, en el caso madrileño, no solo centran el tiro en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ostenta las competencias en esta materia.

Los inquilinos elevan sus reivindicaciones contra el Gobierno de coalición y, más concretamente, contra la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. El sindicato organizador exige la dimisión de la dirigente socialista por ostentar la más alta autoridad en la materia y por su responsabilidad “personal y directa en el absoluto fracaso que ha supuesto la Ley de Vivienda hasta la fecha”.

Pero los colectivos no están solos en la exigencia de medidas legislativas urgentes. Dentro del arco parlamentario, además de los aliados que apoyan al Gobierno, Sumar, socio de coalición del PSOE, espera que la manifestación de este domingo mueva a los de Pedro Sánchez a hacer políticas eficaces en este sentido. “Que la calle se reactive es bueno”, señalan fuentes del grupo parlamentario capitaneado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Está bien que nos empujen”, apostillan, confiando en que las movilizaciones sociales sitúen el foco político en la vivienda.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que asistirá a la manifestación, urgió este sábado a la ministra de Vivienda a “dejar de dar bandazos” y “encontrar el rumbo”. En unas declaraciones realizadas a EFE, aseguró que hay “recursos” y “músculo” para tomar medidas en materia de vivienda, pero “falta decisión y voluntad política”. “No ocultamos que somos parte del Gobierno, pero que tenemos diferencias muy importantes con el PSOE y con el Ministerio de Vivienda en materia de vivienda”, reconoció. De hecho, Sumar apoyó la petición de la comparecencia en pleno de la dirigente socialista en el Congreso.

En esta línea, Errejón afeó a Rodríguez que diga “varias veces una cosa y la contraria”, como cuando aceptó y luego rechazó la propuesta de Sumar de “condicionar las ayudas públicas” para las comunidades autónomas en esta materia al cumplimiento de la Ley de Vivienda. También, criticó que la titular de Vivienda apelara a la solidaridad de los propietarios para bajar el precio de los alquileres, ya que opina que quien debe actuar al respecto es el Gobierno “obligando a cumplir” la Ley de Vivienda.

La gota que colmó el vaso

Para los colectivos no son suficientes los llamamientos que Rodríguez hace a las comunidades autonómicas, la mayoría en manos del PP, a aplicar la ley de vivienda, a la que se oponen. La normativa recoge, entre otras cosas, la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado durante un período de tres años, prorrogable anualmente, para poder aplicar medidas de reducción del alquiler, así como topar el alquiler a través de un nuevo índice de referencia, que sustituye al IPC.

Esta ley, en vigor desde hace un año y medio –la única comunidad autónoma que aplica esta normativa estatal es Cataluña–, también tiene un importante agujero al no regular los alquileres de temporada. En este sentido, cabe destacar el exponencial aumento de contratos de temporada y los alquileres de habitaciones, convirtiéndose en una figura utilizada por miles de arrendadores para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la regulación de los alquileres.

Para poner coto a estas prácticas, los aliados parlamentarios del PSOE (Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu y BNG) promovieron en el Congreso, de la mano de los colectivos, una ley para la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones. A pesar de que contó con el apoyo de los socialistas y el PNV, el texto fue rechazado por la oposición del PP, Vox y Junts.

No obstante, ERC anunció esta semana que volverán a presentar en la Cámara Baja la misma norma junto a las fuerzas progresistas. Los datos aportados por esta formación reflejan que, solo en Cataluña en el primer trimestre de 2024, la oferta de alquiler de vivienda de temporada representa alrededor del 25%, según el Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona. En Barcelona la situación es todavía más límite, ya que en 2024 este dato se eleva hasta casi el 40%.

El rechazo del Congreso a admitir a trámite esta norma el pasado 17 de septiembre fue para el Sindicato de Inquilinas “la gota que colmó el vaso de la rabia y la frustración”. Los organizadores de la protesta de este domingo creen que ha llegado el momento de que los inquilinos den un paso al frente e inicien una escalada de movilizaciones hasta llegar a una huelga de alquileres para forzar a los caseros y rentistas a reducir el precio de los alquileres hasta un 50%.

“La Ley de Vivienda no sirve. Los alquileres deben bajar un 50%, y si no lo hacen, los bajaremos nosotras. Este 13-O, llenamos Madrid, y después a por la huelga de alquileres”, dice el Sindicato de Inquilinas en las redes sociales con la finalidad de que los inquilinos destinen a la vivienda, como máximo, un tercio de sus ingresos mensuales, un porcentaje que actualmente llega a superar el 60% en muchos casos.

“Si una inquilina deja de pagar el problema lo tiene ella, pero si 10.000 inquilinas nos organizamos para no pagar el problema lo tienen los caseros y los gobiernos que les sostienen”, alientan desde el sindicato, acusando a los caseros del problema que atraviesa el mercado del alquiler, así como a los jueces, gobiernos e instituciones están al servicio de este “sistema parasitario”. La mecha ya está prendida ante el clamor social que exige una intervención contundente para solucionar un problema convertido en crisis.