Francia está en números rojos. Arrastra uno de los déficits más altos de su historia que, según los analistas, cerrará este año en torno al 5,6% del Producto Interior Bruto. La segunda economía de Europa gasta más de lo que ingresa y para paliar este desajuste el Gobierno galo ha decidido aumentar los impuestos a las personas más ricas del país y a las grandes empresas. Una fórmula de la que hasta ahora huía el presidente de Francia Emmanuel Macron y que se ve obligado a asumir ante la imposibilidad de controlar el déficit.
Para subsanar el descalabro de las finanzas galas, Macron ha tomado de referencia a su homólogo español Pedro Sánchez e implantará una medida calcada de la que el Gobierno socialista aprobó a finales de 2022, en plena escalada de la inflación: los impuestos extraordinarios a las entidades financieras y a las empresas energéticas.
El Ejecutivo francés ha decidido incluir en los presupuestos de 2025 un aumento “excepcional” de los impuestos a los millonarios y a grandes empresas con beneficios que ronden los 1.000 millones de euros, según ha informado el ministro de Hacienda francés, Laurent Martin, en una entrevista al canal France 2. Con esta subida pretende recaudar unos 20.000 millones de euros adicionales, y entre las empresas que lo soportarán están BNP Paribas, Société Générale, Airbus y TotalEnergies.
Esta subida de tributos supone un giro de timón radical en la política de Macron, que desde que llegó al Eliseo en 2017 no ha dejado de repetir que no subiría los tributos, un leitmotiv de los partidos conservadores y que ahora no puede cumplir.
Ingresos adicionales de 5.767 millones
A Pedro Sánchez los impuestos extraordinarios a los beneficios obtenidos por la banca y las energéticas parecen haberle funcionado. Según datos del Ministerio de Hacienda, ha recaudado con ellos 2.859 millones de euros en 2024. Una cifra en línea con las previsiones del Gobierno y muy similar al importe ingresado el año pasado, que ascendió a 2.908 millones de euros.
El impuesto las entidades de crédito ha supuesto una recaudación en 2024 de 1.695 millones de euros este año, mientras que el de las energéticas ha ascendido a 1.164 millones de euros.
Con ambos impuestos, el Gobierno ha pretendido “pedir un mayor esfuerzo a quienes más tienen y contribuir en beneficio de la mayoría social”, informa en un comunicado. Con los ingresos recaudados, el Ejecutivo implementó medidas para combatir la crisis energética y la inflación tras la guerra entre Rusia y Ucrania.
De temporales a permanentes
Ambos tributos, que en principio eran temporales, pueden convertirse en permanentes, según ha anunciado el Ejecutivo. Una medida que desaconseja el Fondo Monetario Internacional (FMI) por considerar que estos impuestos deben ser “limitados y temporales”. Cree que si se hacen permanentes podrían generar incertidumbre y desincentivar la inversión.
La banca también es contraria a que se conviertan en permanentes, ya que, según la Asociación Española de la Banca (AEB), España sería el único país europeo con este gravamen, lo que quitaría “la capacidad de competir” a los bancos españoles, aseguró Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB.
Considera que mantener el tributo extraordinario supondría “una clarísima desventaja competitiva” para las entidades españolas, y más en un escenario marcado por riesgos geopolíticos, un crecimiento económico moderado y la bajada de tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE).
También desde el sector de la energía arremeten contra este impuesto. Según ha asegurado Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, “es ilegal, injusto y está mal diseñado”.
Ante estas críticas, el Gobierno se defiende y argumenta que “sigue las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios”.
Incide en que, tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que “es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría de la sociedad”.
Pagan más las que más ganan
El impuesto extraordinario a los bancos grava al 4,8% los intereses y comisiones generados en España por su actividad bancaria en las entidades que facturaron más de 800 millones en 2019.
En tanto que el de las energéticas grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del sector que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excluyendo para el cómputo los ingresos derivados de las actividades reguladas.
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