La Justicia obliga a Tenerife a declarar Bien de Interés Cultural y proteger un monumento a Franco

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Cabildo de la isla de Tenerife a iniciar los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al Monumento a Franco. También conocida como Monumento a la Victoria, Monumento a Su Excelencia el Jefe del Estado o como Monumento del Ángel, se trata de una fuente escultórica erigida en honor al dictador inaugurada en 1966 en la capital. Con la sentencia, la Justicia obliga a proteger ahora la obra, que lleva años en mal estado e incluso había pedido ser retirada de las calles por varios partidos políticos debido a su evidente relación laudatoria con el caudillo.

El juzgado cumple así con la petición realizada por la Asociación para la investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que pretendía paralizar la retirada de esta estatua. Esta, junto con otras 69 obras había sido incluida en un catálogo de símbolos franquistas realizado por el anterior gobierno autonómico, formado por el Partido Socialista y Ciudadanos. Este planeaba asimismo su recogimiento inmediato de la vía pública. El ejecutivo actual, del Partido Popular y Coalición Canaria, decidió suprimir el catálogo.

Arte o franquismo

Desde la Asociación alegaban que la fuente tenía un alto valor artístico, entre otras cuestiones por ser obra de Juan de Ávalos, Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y galardonado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. “No concurre ninguno de los requisitos que legalmente condicionan a la administración para que pueda disponer la retirada del monumento, por lo que una tal e hipotética decisión carecería del más mínimo soporte legitimador y supondría un grave atentado a nuestro patrimonio cultural”.

En un primer momento, la petición de la Asociación al juzgado fue desestimada, pero un recurso presentado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y su posterior estimación conllevó una vuelta en la que, esta vez sí, la magistratura optó por reconocer que el Monumento “goza de valor artístico y cultural que lo hacen merecedor de dicha declaración”. Antes de la Asociación, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel también había solicitado que se protegiera el Monumento, aunque sí veían con buenos ojos un cambio de título que lo alejara de su significación original.

Hablan los expertos

Para justificar la nueva sentencia, la decisión se fundamentó en un estudio pericial al que Diario de Avisos, periódico de las islas, ha tenido acceso: “No es una obra que exalte la sublevación, represión o guerra”, afirma uno de los expertos que analizó la creación, para luego añadir que esta “no tiene ningún símbolo (yugo, flechas, escudo, símbolos religiosos o placa conmemorativa) que exalte o evoque siquiera al régimen o al general Franco, se trata de un monumento neutral”.

Sin embargo, el testimonio de este perito, propuesto por la Asociación que había interpuesto la demanda, contrasta con el aportado por el cabildo, que no encuentra “valores excepcionales en el monumento, pues es una escultura prácticamente desfasada para esa época y no tiene la relevancia que sería de esperar o que tendrían otras que se consideran relevantes por la comunidad artística de ese periodo”. Esta opinión se incluyó en un estudio realizado por la Universidad de La Laguna (Tenerife) en el Informe de la Unidad Técnica de Patrimonio.

Los efectos de incoar el expediente de Bien de Interés Cultural

Los BIC son una figura recogida en la Ley del Patrimonio Histórico Español, en vigor desde 1985. En ella, se recoge como patrimonio aquellos “inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico”, y se estipula que, nada más incoarse el expediente, la obra con este estatus pasa a ser de dominio publico y, por lo tanto, es responsabilidad de la administración pública velar por su adecuada conservación.