Los fiscales del ‘procés’ se oponen a acatar la orden de García Ortiz y la Junta de Fiscales decidirá el próximo martes

Los fiscales del procés no han tardado en responder al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien les ordenaba solicitar al Tribunal Supremo la aplicación de la ley de amnistía a todos los delitos -incluido el de malversación- atribuidos a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. El fiscal Javier Zaragoza, en nombre de sus compañeros, ha rechazado por escrito esas indicaciones, que ha tachado de “contraria a las leyes”.

Ante la discrepancia con la máxima autoridad del Ministerio Público, los fiscales del procés han invocado la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para fijar criterio. El fiscal general del Estado ha convocado la reunión el próximo martes, 18 de junio, según informan fuentes fiscales.

Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno consideran que la orden de García Ortiz es “improcedente” y “contraria a las leyes”. La principal discrepancia en la Fiscalía es el encaje en la ley de amnistía del delito de malversación que se atribuye a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo.

En su escrito dirigido a la cúpula fiscal, García Ortiz había expuesto que los fiscales que participaron en el juicio del procés confundieron en su informe el “ánimo de lucro” que exige la comisión del delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de aquellos hechos que la ley de amnistía no considera perdonables.

El escrito de García Ortiz

A juicio del fiscal general del Estado, el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es “equiparable” al enriquecimiento personal de carácter patrimonial. Además, subraya que los hechos no produjeron una “afectación directa” a los intereses financieros de la Unión Europea.

García Ortiz se decanta por amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia-.

En su escrito, el fiscal general también aboga por levantar la orden de detención que el juez Pablo Llarena mantiene en vigor contra Carles Puigdemont. En concreto, sostiene que alzar las medidas cautelares sobre los procesados es una medida no solo “adecuada” sino “necesaria” según lo estipulado por la ley de amnistía.

La Fiscalía General del Estado contabilizó 82 procedimientos judiciales abiertos y 486 personas encausadas que podrían beneficiarse por estar, a juicio del Ministerio Público, bajo el paraguas de la ley de amnistía. Entre las causas incluidas se encuentra la que sigue el Tribunal Supremo por sedición, malversación y desobediencia contra Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas, así como los casos de posible terrorismo de Tsunami Democràtic y CDR en la Audiencia Nacional.

A estas causas se suman dos que se siguen en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. El resto de procedimientos contabilizados por la Fiscalía permanecen en las audiencias provinciales de Barcelona y Girona y juzgados de instrucción de distintos municipios de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.