La vivienda en Cataluña vuelve a ganar peso en esta campaña catalana, esta vez con el tope a los precios del alquiler aprobados desde el Ejecutivo Central. Esta comunidad autónoma tampoco se salva de la turistificación y la falta de vivienda social, que ya han hecho que ciudades como Barcelona tengan unos precios desorbitados a la hora de comprar o alquilar una vivienda.
La ley de vivienda, que regula los precios en las zonas tensionadas, ya se aplica en el 90% del territorio catalán y ha provocado una disparidad de opiniones entre los líderes políticos. PSC y Communs han recibido con buenos ojos la medida, mientras que ERC y los partidos de derecha Junts, PP y Vox la rechazan de manera contundente.
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En aquellas comunidades con más peso turístico, como la catalana, el precio de la vivienda se ha disparado alrededor de un 10% en 2023. Es el caso de Barcelona, donde existen más de 14.000 viviendas de uso turístico, según el portal inmobiliario Idealista, que han llevado a la capital catalana a ser la tercera ciudad con el precio del metro cuadrado más caro, solo por detrás de San Sebastián y Madrid, situándose en los 4.317 euros el metro cuadrado.
A esta problemática se le une la escasez de vivienda social, que constituye apenas el 1,5% del parque total de viviendas. Se trata de unos datos que sitúan al territorio muy por debajo de la media europea, que es del 15%. Es por eso que los partidos que concurren a las elecciones del 12 de mayo han elaborado en sus respectivos programas electorales una serie de propuestas para abordar la situación de la vivienda, que se ceba en especial con la población joven.
Qué dice el programa de Junts
La formación que lidera Carles Puigdemont fue uno de los partidos que recurrió ante el Constitucional la medida que regulaba los alquileres, según ellos porque “no resuelvía el problema” e “invadía las competencias catalanas”. Su programa se basa en aumentar la oferta de vivienda social y una serie de incentivos fiscales para los más jóvenes.
Entre sus principales medidas, Junts plantea un programa de créditos para la emancipación con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes de 18 a 35 años. El aval de estos créditos debe facilitar a los jóvenes el acceso a la financiación para poder cubrir los gastos iniciales al momento de acceder a una vivienda, ya sea de compra o de alquiler.
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Además, propone aumentar el parque público de vivienda de alquiler social destinado a los jóvenes, reservando “como mínimo” un 25% de las promociones de alquiler o compra para jóvenes y el 10% a mayores de 65 años. También abogan por reclamar al Estado la cesión de 3.000 viviendas de la Sareb y rehabilitar 25.000 viviendas el año y convertir los espacios comerciales en desuso en vivienda para los más desfavorecidos.
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