
El Juzgado de lo Social número 18 de Valencia ha estimado las demandas interpuestas por 42 profesores asociados de loa Universidad de Valencia, por lo que declara el derecho de los demandantes a que la institución les aplique la misma retribución que perciben los docentes a jornada completa, siempre teniendo en cuenta la proporción de las horas que cada uno trabaja. La sentencia también declara que estos profesores han sufrido discriminación laboral, vulnerando el derecho fundamental a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.
A parte, se condena a la institución académica a que abone a cada uno de estos profesores asociados la cantidad de 1.000 euros en concepto de indemnización por daños morales. Estas conclusiones han sido tomadas por la jueza que ha llevado el caso tras haber valorado las pruebas practicadas durante el juicio y los documentos aportados.
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Según la resolución judicial, la discriminación apreciada “no se produce por ser una contratación temporal a tiempo parcial, sino por la retribución proporcional que perciben los profesores asociados respecto de los otros profesores universitarios a jornada completa, teniendo en cuenta que ambos colectivos de profesores realizan el mismo trabajo”.
Además, es importante destacar que “imparten las mismas asignaturas conforme a las guías docentes, compartiendo el trabajo la misma naturaleza, y siendo las condiciones laborales que desempeñan las mismas”. En cambio, no es la misma “su retribución, que computa la Universitat de València de forma distinta, no siendo objeción para ello la modalidad de contratación laboral, ni la exigencia de tener una actividad externa para los profesores asociados”.
El 25% de las universidades son profesores asociados
En el ámbito académico de España, el puesto de profesor asociado en universidades públicas representa el 25.2% de la fuerza docente, evidenciando una prevalencia significativa en Cataluña e Islas Baleares con porcentajes del 36.26% y 31%, respectivamente. Según datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, esta figura ha sido criticada por ser utilizada para contrataciones a bajo coste, en detrimento de los derechos y salarios de estos profesionales.
La nueva ley universitaria (LOSU), activada hace casi un año, busca revertir esta situación al limitar la enseñanza anual a 120 horas y promover la conversión de estos puestos en contratos fijos, según informa la Agencia EFE. El objetivo principal es erradicar el abuso en la contratación de estos “falsos asociados”, quienes, a pesar de llevar a cabo las mismas tareas que sus colegas con plena titularidad, enfrentan condiciones laborales inferiores. La Estadística de Personal de las Universidades del curso 2022-2023 es una fuente crucial para entender la distribución y condiciones laborales dentro del sistema universitario español.
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Detallando la composición de la plantilla universitaria, se constata un total de 236.539 individuos, marcando un incremento del 3,2% respecto al año anterior. Los profesores asociados y titulares comparten casi el mismo porcentaje dentro del personal docente e investigador, que asciende a 137.090 miembros. Por otro lado, el personal de administración y servicios (PAS) y el personal empleado investigador (PEI) junto con el personal técnico de apoyo a la investigación (PTA) representan el 28,7% y el 13,3% del total, respectivamente.
La temporalidad en la plantilla universitaria se mantiene en un 48%, aunque en algunas instituciones sobrepasa el 60%. Las regiones de Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria también registran altas tasas de profesores asociados.
(Con información de la Agencia EFE)
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