El Gobierno quiere ampliar la presencia sindical en las empresas: el 97% de las pequeñas no tiene representación

PSOE y Sumar pretenden aprobar una “ley de democracia en la empresa” para impulsar “una participación más eficaz” de los trabajadores, según aparece en el Plan Anual Normativo de 2024. El diseño de esta iniciativa es aún muy incipiente, pero las primeras intenciones del Gobierno se han explicitado a través de una proposición no de ley presentada por Sumar en el Congreso y votada este martes. En ella se plantean cuatro medidas para mejorar la democracia en el trabajo, siendo una “extender y mejorar la cobertura de las representaciones de las personas trabajadoras en las empresas a nivel estatal y trasnacional”.

Esta propuesta amplía el foco puesto solo en las grandes empresas hasta el momento y también incluido en la proposición. El texto pide “establecer un sistema que permita la participación sindical en los Consejos de Administración de las empresas y grupos de empresas”. Las otras dos medidas se formulan en términos amplios de reforzar el marco normativo en relación con la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y con los instrumentos de control necesarios para ello.

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En España apenas existe organización de los trabajadores en las empresas con una plantilla de menos de 49 personas, lo que dificulta que se implante un modelo de participación en las decisiones de las empresas y explica la pretendida extensión de la presencia sindical. Además, el 45,6% de las empresas activas con asalariados son pequeñas, según el INE, lo que implica que si la única medida es la entrada en los Consejos de Administración, esta afectará a pocas empresas y trabajadores.

Un informe de CCOO que recoge datos hasta el 31 de diciembre de 2023 señala que existen 1.652.627 centros de trabajo en España con 49 o menos trabajadores (pequeñas empresas), de los cuales solo 51.166 realizaron elecciones sindicales. Esto supone que solo tienen representación sindical el 3,1% de los centros de pequeñas empresas, mientras que los trabajadores cubiertos ascienden al 12,8%. La situación es muy distinta en las empresas de mayor tamaño.

En las medianas (entre 50 y 249 trabajadores) la representación sindical alcanza al 52,8% de los centros y al 55,4% de los trabajadores; en las grandes al 61,1% de los centros y al 64,2% de los empleados. En las muy grandes la cobertura es del 70,7% de los centros y del 84,8% de los trabajadores. Según el sindicato, esta disparidad se debe a varios motivos, fundamentalmente a la imposibilidad legal de hacer elecciones sindicales en las empresas de entre 1 y 5 trabajadores y a la complicada penetración en el resto por dificultades de acceso y reticencias de las empresas.

Aunque los dos partidos del Gobierno han votado a favor de la proposición no de ley, ha sido rechazada en el Congreso con 19 votos en contra y 17 a favor (más una abstención), lo que da cuenta de la debilidad del Ejecutivo para sacar adelante la ley relacionada de democracia en la empresa. Los votos negativos han sido, además de los de PP y Vox, los de Junts y el PNV. A favor han votado PSOE, Sumar, ERC y Bildu, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido.

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Durante el debate del texto, el PNV ha criticado que este “no acaba de concretar absolutamente nada” y ha recordado que los sindicatos ya participaron en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro y “no sirvió” para mejorar su gestión. Junts, por su parte, ha tachado la proposición no de ley de electoralista al buscar un “aval parlamentario” a un tema “que se está trabajando”, en alusión a la ley.

Experiencias en otros países

La democratización de las empresas es una propuesta que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya planteó en mayo de 2022 y ha repetido desde entonces respaldándose en el desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución. Finalmente apareció en el acuerdo de gobierno con el PSOE y en el Plan Normativo de 2024, pero de manera muy indefinida. Una de las referencias a la hora de plantear esta medida es el modelo de cogestión alemán iniciado en 1976.

Desde Sumar insisten en que este modelo ha dado “muy buenos resultados”, pero hay estudios que no encuentran efectos relevantes. El paper Labor in the Boardroom publicado en The Quaterly Journal of Economics analiza el modelo alemán y concluye que “la representación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas no parece afectar a la fijación de salarios de manera detectable”. La conclusión se extrae a raíz de una reforma legislativa que abolió la gobernanza compartida en algunas empresas, pero la preservó en otras. Tampoco se encuentran efectos negativos en la rentabilidad y advierten de que los representantes de los trabajadores no tienen autoridad real en asuntos importantes.

Además, un documento de trabajo publicado por la NBER (Do employees benefit from worker representation on corporate boards?) expone hallazgos en la misma línea tras examinar el modelo noruego. “Si bien los trabajadores pueden beneficiarse de estar empleados en empresas con representación de los trabajadores, no se beneficiarían de una legislación que exija la representación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas”, afirma. El motivo es que las empresas con representación de los trabajadores son previamente más grandes y tienden a pagar mejores salarios y a dar mejores condiciones para retener talento.