
Barcelona y otros 17 municipios catalanes no cumplen con los criterios para ser considerados como zonas residenciales tensionadas, según un análisis realizado por el portal inmobiliario Idealista. Este estudio se basó en los precios del alquiler publicados por el Ministerio de Vivienda, los ingresos familiares reportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y una estimación del consumo energético de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
De acuerdo con los hallazgos de Idealista, la tasa de esfuerzo necesario para que las familias alquilen un inmueble en Barcelona es del 27%, cifra que se sitúa tres puntos por debajo del límite establecido para catalogar una zona como tensionada. La legislación vigente sobre vivienda establece que, para que un área sea considerada de esta manera, se debe cumplir al menos uno de dos criterios: primero, que la carga media del coste del alquiler o hipoteca, más los gastos y suministros básicos, exceda el 30% de los ingresos medios de los hogares; segundo, que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado en la zona más de tres puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) autonómico en los últimos cinco años.
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Según los datos del ministerio, el precio mediano de una vivienda en Barcelona fue, en 2018, de 725 euros, incrementándose hasta los 830 euros en 2022, lo que representa un aumento del 14,5% en este período, aún por debajo del 15% mínimo requerido por la normativa. Aunque el incremento del precio por metro cuadrado superó ligeramente este umbral, alcanzando el 15,7%, Idealista argumenta que las diferencias entre las dos medidas de cálculo y una tasa de esfuerzo por debajo de lo recomendado no justificarían aplicar regulaciones tan severas en la ciudad.

Datos opuestos
Sin embargo, según los propios datos de Idealista, la tasa de esfuerzo para alquilar en Barcelona superó ampliamente el límite del 30%, llegando al 47,5% al cierre de 2023, con un aumento de los precios en alquiler del 28,6% en los últimos cinco años, y un IPC en Cataluña que alcanzó el 15,74%, al que se sumarían tres puntos hasta llegar al 18,74%. Entre los otros 17 municipios catalanes que también estarían fuera de la categoría de zona tensionada se encuentran Figueres, Valls, Lloret de Mar, Tortosa, Ripoll, Cambrils, Guissona y Balaguer, entre otros.
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La declaración de 140 áreas tensionadas por la Generalitat, respaldada por un índice de precios del alquiler que considera variables como la superficie, estado del inmueble y disponibilidad de servicios adicionales, ha encontrado oposición en el sector inmobiliario. Dicho índice se actualiza anualmente con base en las declaraciones de renta, y se aplica en comunidades autónomas que soliciten identificar zonas tensionadas. Este esquema es actualmente adoptado solo por Cataluña y afecta a contratos firmados a partir del 16 de marzo. Aunque no establece un régimen sancionador explícito, permite a los consumidores reportar incumplimientos a la Agència Catalana del Consum.
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