Así es la ley del PSOE para acabar con el proxenetismo en España: multa económica a los puteros

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Penal para prohibir el proxenetismo, una iniciativa con la que pretenden castigar el lucro de la prostitución y la tercería locativa, es decir, la cesión de inmuebles para el ejercicio de esta actividad. El objetivo de la reforma es abrir el camino a la abolición de la prostitución en España.

A diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa, en España el proxenetismo “aún no cuenta con suficiente reproche penal en el ordenamiento jurídico”, señala la iniciativa socialista, por lo que la modificación del Código Penal propone castigarlo de manera general en el artículo 187, “sin exigir la relación de explotación”.

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La proposición de ley registrada indica que toda aquella persona que emplee violencia, intimidación, engaño, o abuse de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima, o determine a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución, “será castigado con las penas de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses”.

También se impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien, con ánimo de lucro, promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso.

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Se castiga asimismo la tercería locativa como modalidad específica de proxenetismo en un artículo diferenciado del Código Penal, el 187 bis, para configurar una modalidad agravada del delito de proxenetismo “con un ligero aumento de pena”. Por tanto, dice el texto, la persona que con ánimo de lucro y de manera habitual “destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses”. La pena también se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso.

En cuanto a las personas que paguen dinero por sexo u otro tipo de prestación de contenido económico, serán castigadas con “multas de 12 a 24 meses”. En el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, añade la reforma, “se impondrá la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses”. La iniciativa también deja claro que en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.

La reforma también considera preciso equiparar a la persona prostituida con la víctima de un delito, motivo por el que se le hacen extensivos los derechos y prestaciones previstos en el Estatuto de la víctima del delito, así como las previsiones que al respecto pueda contener la legislación en materia de libertad sexual.

Hablar con los grupos que “de verdad quieran abolir la prostitución”

Este martes, en rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha indicado que en España hay unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente y ha recordado que “en 2021 sólo hubo una sentencia que condenara a un proxeneta”, una situación que “evidencia que se necesitan leyes como ésta” cuyo objetivo final es abolir la prostitución y, para ello, es necesario “ir dando pasos” con este tipo de normas.

Preguntado sobre si están dispuestos a hablar con el PP para sacar la norma adelante dado que en este momento no cuentan con el apoyo por parte de sus socios parlamentarios habituales, López ha asegurado que hablarán “con todos los grupos que de verdad quieran abolir la prostitución en este país”, al tiempo que ha precisado que “abolir no es prohibir”. El portavoz socialista prevé un debate “incluso semántico” porque “prohibir seguramente es un ejercicio que victimiza más a la propia víctima, porque se perseguiría también a la víctima de la explotación”, mientras que abolir, ha concluido, “es hacer que desaparezca por todos los medios, y entre otros, condenar a los proxenetas por explotar a mujeres en este país”.