Pedro Sánchez ha vuelto a ceder. El presidente dijo sentirse satisfecho con la ley de amnistía tal como se votó en el Congreso el 30 de enero, con el rechazo de Junts; convencido de que bastaba para el borrado de todos los procesos y condenas derivados de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, incluso ante una acusación por terrorismo, como la que recae en estos momentos sobre Carles Puigdemont, investigado por el Tribunal Supremo. De hecho, sigue defendiendo que no tiene “ninguna duda de ello”.
Pero la negociación ha derivado en un nuevo texto, en “mayores garantías” para el independentismo, que lleva tiempo vendiendo que este gran paso solo será el primero hacia una nueva convocatoria a las urnas para decidir la independencia. Ese texto, asegura Sánchez, seguirá siendo plenamente constitucional y el anuncio, inminente. Así lo ha confirmado el presidente a los periodistas que le acompañaban a bordo del avión con motivo de su viaje oficial a Brasil y Chile. Este jueves, reunión clave en la Comisión de Justicia del Congreso.
“Se cambiará para dar más garantías, para ampliar más esos parámetros. Yo no he tenido nunca ninguna duda de que estaban todos incluidos, pero si tenemos que reforzar las garantías, lo hacemos. Todos van a ser amnistiados, se van a cubrir todos los supuestos”, ha afirmado Sánchez, que ha preferido no entrar en detalles sobre en qué consisten esas modificaciones.
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Junts gana el pulso
Junts dejó la amnistía en punto muerto y al Gobierno tocado cuando en esa votación de enero, la medida que más sudor y votos está costando al PSOE, y que el PSOE no habría adoptado de no ser por la exigencia de la investidura, cayó. Los emisarios de Puigdemont no se conformaban con la confianza o el compromiso en que esa norma serviría. Por su parte, el ejecutivo dijo que ‘hasta aquí', que ya no daría un paso más. De modo que uno de los dos tenía que dar su brazo a torcer. Este miércoles se ha desvelado quién lo ha hecho.
Eso que las dos partes se juegan mucho, a diferentes niveles. El Gobierno, una legislatura, un mandato largo en clara minoría; Junts, que Puigdemont pueda regresar a España sin ser esposado a la que pose un pie en el suelo. Los independentistas apostaron por estirar la cuerda, aún sabiendo lo que podían perder, en la última oportunidad para que su líder vuelva a casa. Si la información revelada por Sánchez se corresponde con lo que finalmente ocurra, el pulso fue acertado y lo han ganado.
Para el Gobierno, el desbloqueo de esta ley daría aire tras unos primeros 100 días de gran tensión y abriría la puerta a los presupuestos, que supondrían el despegue definitivo y deseado por Sánchez, ahora inmerso en la polvareda por el ‘caso Koldo’, que no deja de deparar novedades que señalan a cargos de su partido y ejecutivo. En los medios de comunicación figura incluso el nombre de su mujer, Begoña Gómez, a la que el PP podría llamar a declarar en comisión de investigación. Sea como fuere, y como también ha expresado el presidente a los periodistas, no está dispuesto a aceptar que la oposición le señale por corrupción. “Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro”, recordaron los suyos hace unas horas en el Senado.
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