
José Luis Ábalos acudió el martes al Congreso para decir que de ahí no le mueve nadie, que no se va. Desde entonces no se le ha visto. El miércoles, sesión de control, estrenaba pupitre en el Grupo Mixto, donde le esperaban sus nuevos compañeros. Cuando uno no acude al puesto de trabajo ha de tener una justificación, pero a la misma hora que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se daban de tortas en el hemiciclo, el exministro desfilaba por los medios. El jueves, nuevo pleno. El diario El Mundo publicaba horas antes el sumario del caso Koldo. Ni rastro del protagonista, que por la tarde y cobrando se encontraba sentado ante Risto Mejide en un plató de televisión.
Qué había sido de la amnistía, cabía preguntarse, con la actualidad copada por este nuevo escándalo por enriquecimiento a costa del erario y de la salud, con mascarillas que no cumplían los estándares. En un segundo plano, fuentes del Gobierno apuntaban que la negociación con Junts avanzaba, que confiaban en un acuerdo antes del 7 de marzo, fecha límite para un dictamen de la Comisión de Justicia. Sumario de Koldo al descubierto y con un dirigente principal del PP salpicado, nada menos que el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, el Tribunal Supremo pide paso y acuerda investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo.
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De modo que los españoles asisten al debate político preguntándose qué hay de ellos. El Gobierno no ha perdido pulso, alumbrando medidas a ras de suelo. Ya dijo Sánchez que no quiere que ésta sea recordada como la legislatura de la amnistía, sino como la de la vivienda. Esta semana, ha aprobado una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 2.500 millones de euros para jóvenes y familias con menores a su cargo que quieren comprar su primera casa. También ha cumplido el compromiso de elaborar un índice de precios de referencia del alquiler para limitar subidas en zonas tensionadas, si bien el alcance es limitado: que nadie cuente con Madrid.
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Tras Ábalos, Armengol
Descártese que la acción doblegue al ruido. La legislatura, de la amnistía o de la vivienda, camina como comenzó, polarizada y con votaciones que exigen sudor y altas contraprestaciones. Ya solo desde las elecciones ha habido cuatro cambios inesperados que han hecho tambalear la mayoría. Primero, el voto CERA quita un escaño al PSOE y se lo da al PP, haciendo más relevante a Junts. Segundo, Podemos opta por el transfuguismo y se convierte en clave para negociar cada ley. Tercero, ese mismo Podemos se dispara en el pie con la dimisión de Lilith Verstrynge: pierde un escaño, que va a Sumar, y deja de ser tan relevante. Cuarto, Ábalos al Mixto, aunque asegura que votará como el PSOE. Como aseguró que no tiraría de la manta solo minutos antes de señalar a Santos Cerdán o al propio Sánchez.
El estado de las cosas es un gobierno que necesita desbloquear la amnistía, pero el Supremo lo ha complicado aún más. Clima de confrontación y hasta guerra de comisiones, con una oposición que por unos días ha cambiado de tema, pero no de presa. Abatido Ábalos y con serias dificultades para llegar a Sánchez, el objetivo a esta hora es Francina Armengol, la socialista más salpicada tras el exministro por la trama corrupta. Su ejecutivo avaló las mascarillas no aptas. El PP pide su dimisión.
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Con el sumario y todos sus detalles ya a la vista sorprenderían nuevas bajas, aunque partidos y competentes secciones de Investigación de periódicos trabajan a pleno rendimiento. Ábalos ha prometido no conceder más entrevistas, al menos on the record. Pero, ya solo con lo que hay, la oposición tiene alimento y una alternativa a la amnistía para meter el dedo; material para los titulares en un Parlamento privado de contenido en sus actos principales durante semanas, así como de una mayoría para que la legislatura avance no solo en un mero sentido temporal. Y con PSOE y Sumar con sus dos crisis más graves sentadas en el Grupo Mixto. El Gobierno solo acaba de cumplir los 100 primeros días.
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