Cambios en los pisos turísticos de Asturias: “Se regularán hasta el límite que permita la ley”

El Principado de Asturias se dispone a seguir la estela de otras comunidades autónomas en España, con el fin de imponer un marco regulatorio más estricto a las plataformas de alojamiento turístico como Airbnb. El presidente de la región, Adrián Barbón, ha anunciado que se implementarán regulaciones que lleven al límite las capacidades legales de la comunidad en esta materia. Esta medida busca equilibrar el rápido crecimiento del sector con la necesidad de preservar la calidad de vida de los residentes y mantener el carácter sostenible del turismo.

Durante su comparecencia en la Junta General del Principado, el presidente socialista delineó los principales ejes de esta nueva regulación: la mejora en la identificación de alojamientos turísticos no registrados, el reforzamiento de las revisiones técnicas y una próxima reforma de la ley de turismo. Esta última propone modificar el decreto actual sobre viviendas de uso turístico, una medida que se anticipa será presentada ante la Junta para su deliberación.

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Barbón destacó el valor estratégico del turismo para la economía regional, enfatizando que el objetivo no solo es fomentar su crecimiento, sino asegurar que esta expansión se realice bajo premisas de sostenibilidad y calidad. “Creemos y lo estamos viendo que [el turismo] está generando potencialidad y riqueza, que está generando empleo”, aseveró. Sin embargo, remarcó la importancia de guiar este desarrollo de manera que fortalezca el sector sin perder de vista la necesidad de ofrecer experiencias auténticas y responsables a los visitantes.

La coordinación entre diferentes niveles de gobierno se perfila como un factor crucial en esta iniciativa. Barbón adelantó que se llevará a cabo una reunión con la Federación Asturiana de Concejos, abordando las áreas donde la comunidad necesita colaborar con los municipios para implementar efectivamente la nueva regulación.

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Esta discusión surge en respuesta a las inquietudes planteadas por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quien interrogó acerca del plan de acción para la aplicación de estas medidas. Además, la parlamentaria sugirió la posible adopción de una tasa turística, recordando los casos de Cataluña y Baleares como referencia. “¿Cuál es el miedo del gobierno asturiano a esta ecotasa, más allá de los seguros bocinazos del PP y de VOX?”, inquirió.

La Junta General ha despejado el camino para estas regulaciones, al aprobar una proposición no de ley del Partido Popular que insta al gobierno regional a concretar la regulación de los pisos turísticos antes del 1 de julio. La iniciativa busca fomentar un modelo turístico que equilibre la convivencia entre turistas y residentes, así como promover un consenso amplio entre los sectores afectados. Además, se hace especial énfasis en la necesidad de detallar medidas que contribuyan a elevar la calidad del servicio turístico.

Los gobiernos regionales buscan regular los apartamentos turísticos

Los esfuerzos por regular los alojamientos turísticos no son exclusivos de Asturias. Varias comunidades autónomas han tomado acciones similares para afrontar los desafíos que implica este modelo de hospedaje. Madrid, por ejemplo, está en proceso de finalizar una ley que busca adaptar la oferta de pisos turísticos a la realidad económica y social actual, bajo el principio de que “regular no es prohibir”, según palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Cantabria se encuentra también en una fase avanzada de planificación de su propia legislación, con el doble objetivo de combatir el fenómeno de los alojamientos ilegales y poner límites a la operación de los legales. Simultáneamente, en Cataluña se está tramitando una proposición de ley con expectativas de aprobación antes del 31 de marzo, y Andalucía ha aprobado recientemente un decreto que busca la profesionalización del sector. Con estas medidas, Asturias no solo se alinea con una tendencia nacional hacia la regulación del turismo de alojamiento, sino que también establece un marco que busca asegurar el desarrollo sostenible de uno de sus sectores económicos más vitales.