
Un sorprendente error administrativo llevó a Manuel, un anciano de 78 años residente en A Coruña, a descubrir en Navidad que había sido declarado muerto por la Seguridad Social. Este acontecimiento tuvo como consecuencia la retirada de 20.180 euros de su cuenta bancaria, un dinero correspondiente a su pensión que, según los registros, había estado siendo pagado indebidamente durante un año y medio debido a su supuesto fallecimiento. La situación llevó a Manuel a enfrentarse a una serie de obstáculos que le impidieron llevar una vida normal, incluidas complicaciones para recibir medicamentos en la farmacia debido a su estado de “muerto” en los sistemas.
“Casi me da un patatús”, expresó Manuel al percatarse de la inesperada disminución de su saldo mientras utilizaba el cajero automático en su localidad. Este incidente no solo reveló un grave error en los registros de la Administración, sino que también dibujó un panorama de incertidumbre para el anciano, cuyos recursos para subsistir dependían en gran medida de esa pensión. La noticia de su “muerte” administrativa se acompaña de dificultades adicionales, como la negativa a la entrega de sus medicamentos en la farmacia, lo que añadió más estrés a una situación ya de por sí compleja, tal y como explica La Sexta.
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Para enfrentar este inaudito escenario, Manuel se vio obligado a buscar asesoramiento legal. “Estaba de baja”, le informaron en el centro médico, una afirmación que sumó confusión al ya complicado proceso de probar su existencia ante las autoridades. La contratación de un abogado se convirtió en el paso fundamental para reclamar sus derechos y luchar para recuperar su dinero y, más importante, su identidad y estatus legal como vivo.
Este caso pone de relieve problemas significativos en los procedimientos administrativos y de registro, y la facilidad con que pueden ocurrir errores que tienen un impacto profundo en la vida de las personas. Aunque puede sonar a un guion de una película, para Manuel fue una realidad que alteró drásticamente su cotidianidad, enfrentándolo a un laberinto burocrático inesperado.
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La narrativa de este suceso también invita a una reflexión sobre la importancia de sistemas administrativos eficientes y la necesidad de mecanismos de verificación que prevengan este tipo de situaciones desafortunadas. Así mismo, resalta el papel vital que juegan los servicios legales en la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos en posiciones vulnerables.
Manuel recuperó su dinero, pero su historia deja en evidencia fragilidades en el tejido social y administrativo que necesitan ser abordadas. Este caso debe servir como un llamado de atención tanto para las autoridades como para la sociedad, subrayando la urgencia de implementar controles más rigurosos y proporcionar redes de apoyo más efectivas para aquellos que se enfrentan a situaciones tan extraordinarias como la vivida por este anciano de A Coruña.
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