
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado para el próximo viernes 3 de noviembre una junta de portavoces, un órgano que se encarga de ordenar los trabajos y dar salida a las peticiones calificadas previamente por la Mesa de la Cámara Baja. Según fuentes de la mesa, la decisión se ha tomado ante los “avances” en torno a la constitución de las comisiones, motivo por el que el PSOE y PP no se ponían de acuerdo al chocar por el reparto del peso en estos órganos.
No obstante, la fijación de esta cita se produce dentro del plazo que el PP dio en su advertencia del pasado miércoles. Y es que, los de Alberto Núñez Feijóo elevaron un escrito a Armengol para que, “en el plazo de 48 horas, ponga fecha a la celebración de la Junta de Portavoces y convoque una reunión de este órgano en una semana”. En caso de no hacerlo, el PP amenazó con “adoptar las acciones que correspondan en derecho”, como un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.
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El PP ha centrado en las últimas semanas su ofensiva contra Armengol, a quien acusa de “secuestrar” el Parlamento ante el funcionamiento a ralentí del mismo, dado que todavía no se ha constituido un Gobierno. Otra de las críticas de la derecha versan sobre el hecho de que la presidenta del Congreso todavía no haya fijado la fecha de la investidura del candidato designado por el rey hace 24 días.
Armengol dio margen a Sánchez para concretar la fecha de su investidura. En concreto, hasta que las negociaciones estén “maduras”. Si bien, los socialistas no quieren poner fecha hasta que los acuerdos con las distintas fuerzas nacionalistas e independentistas, que aseguren su investidura, se hayan cerrado. En cualquier caso, desde la Presidencia quitan hierro al asunto porque el proceso de la búsqueda de apoyos del presidente del Gobierno en funciones tiene un tope legal, el 27 de noviembre, al activarse el reloj constitucional con la primera votación de la investidura de Feijóo.
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Ante las acusaciones de “cierre a cal y canto” del Congreso, cabe destacar la puesta en marcha de las dos primeras comisiones en esta legislatura, la de Peticiones y la del Estatuto de los Diputados, ambas presididas por el PP y de carácter permanente. Sobre el resto de comisiones, las legislativas (suelen crearse en función de la composición del nuevo gobierno, aún pendiente de constituir), fuentes cercanas a Armengol señalan al PP por bloquear un acuerdo en torno al número de miembros que debe tener cada grupo parlamentario en estos órganos.
Este asunto volvió a motivar el pasado martes un nuevo choque entre el bloque progresista (formado por PSOE y Sumar) y el PP en su reunión semanal de la mesa. Fuentes socialistas sostienen que el PSOE propuso a los populares una fórmula “que el PP no acepta pero no propone alternativa”. En concreto, la iniciativa de los socialistas pasa por repartir 37 miembros en cada comisión: 14 del PP, 12 del PSOE, 3 de Sumar, 3 de Vox, 1 de ERC, 1 de Junts, 1 Bildu, 1 PNV y 1 del Grupo Mixto. Una proporción que, sin embargo, el PP sí aceptó “contradictoriamente” para la distribución de los representantes en la Diputación Permanente (el órgano al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida).
Con la convocatoria de la junta de portavoces, este reparto se verá dentro de una semana, en virtud del artículo 40 Reglamento, y deberá ratificarse posteriormente por el órgano de gobierno del Congreso. Está por ver si, como pidió el PP, en esta cita se fijan también las comparecencia de Pedro Sánchez, para que informe del Consejo Europeo del 17 de octubre, así como de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que informen de la crisis de Oriente Medio y de la crisis migratoria, respectivamente. Las tres fueron solicitadas por el PP.
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