
Las pensiones no contributivas consisten en una asignación económica para todas aquellas personas que, pese a cumplir con los requisitos necesarios para jubilarse o solicitar la invalidez, no pueden acceder a una prestación pública. El Estado pretende garantizar un nivel mínimo de ingresos para las personas que no tienen un historial laboral solvente y no han cotizado el mínimo de años exigido por la Seguridad Social. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se encarga de gestionar y financiar estos subsidios, diseñados para dar cobertura sanitaria y cubrir las necesidades básicas de los trabajadores en situación de vulnerabilidad.
Existen dos modalidades de subsidios no contributivos, las pensiones de jubilación y las de invalidez. El funcionamiento de este sistema implica la evaluación de los recursos económicos y patrimoniales de los solicitantes, que deben estar por debajo de los límites establecidos. Además, se deben cumplir ciertas cláusulas de residencia y nacionalidad. Las pensiones no contributivas se otorgan de forma mensual y su cuantía se establece anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
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Los potenciales beneficiarios de estos subsidios tienen que acreditar que su residencia legal figura en España. Asimismo, deben demostrar que sus ingresos están por debajo del límite establecido. Este año, la barrera se fija en los 6.784,54 euros anuales. No obstante, si las rentas personales no superan dicha cifra, pero las del núcleo familiar, en caso de tener convivientes, sí que lo hacen, el organismo competente analizará otras cuestiones. Los jubilados tienen que tener 65 años o más para acceder a esta prestación y deben haber vivido cinco años en territorio español.

¿Cómo van a subir las pensiones no contributivas?
Las pensiones no contributivas, igual que ocurre con las contributivas, también experimentarán una subida en 2024. Los subsidios gestionados por el Imserso experimentaron un primer aumento en julio del año pasado, cuando el Gobierno en funciones aprobó un incremento del 15% en las cuantías para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. En 2024, los jubilados volverán a notar otra subida en su saldo bancario y la tendencia seguirá el mismo ritmo hasta 2027.
El Real Decreto Ley 2/2023 establece que los beneficiarios de estas pensiones podrán disfrutar de una subida progresiva de los ingresos durante los próximos cuatro años, hasta igualar el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unifamiliar. De este modo, las asignaciones pasarán de los 484,61 euros mensuales hasta los 592 euros al mes que se prevén para 2027. La cuantía de las pensiones no contributivas podría situarse en torno a los 521,42 euros mensuales el próximo año, aunque todavía es pronto para sacar la calculadora. En 2026, según las mismas estimaciones, la partida alcanzará los 564,28 euros mensuales y en 2027 tocará el techo estipulado. Con esta escalada, el Ejecutivo pretende reducir la brecha de género —las mujeres son las principales beneficiarias— y adelantarse al aumento de los costes de vida.
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