JUCIL, la asociación de la Guardia Civil: le apoya la derecha política y claman contra la posibilidad de amnistía

JUCIL nació como un spin-off de la asociación policial JUSAPOL. Según sus objetivos fundacionales, “JUCIL es una asociación profesional que nace con el único interés de lograr la equiparación salarial y la defensa de los derechos socioeconómicos de los Guardias Civiles”. Además de estas banderas, la asociación ha añadido a su cartera de luchas la implantación del 25% del castellano en las escuelas de Cataluña o su defensa de la Constitución frente a la supuesta amnistía que exigen los partidos independentistas para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Han tachado el posible acuerdo de “golpe de Estado dictatorial”, explicaron el martes en un comunicado.

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil nació a partir de la demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de lograr la equiparación salarial bajo la premisa que “ante el mismo pagador, el Estado, el mismo trabajo, se debe percibir el mismo salario”, explica Agustín Leal, portavoz de la asociación a Infobae España.

El apoyo a estas asociaciones, primero a JUSAPOL y más tarde a JUCIL, ha ido creciendo como la espuma dentro de ambos cuerpos. Su capacidad de convocatoria logró concentrar a cientos de miles de personas en manifestaciones en las que se exigía su principal demanda: la equiparación salarial. No obstante, “JUSAPOL era solo un movimiento”, recuerda el portavoz de JUCIL, por lo que tuvo que articularse para poder sentarse en la mesa de negociación con su empleador, el Estado, el ministerio del Interior.

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Desde las demás asociaciones, han sido varias las ocasiones en las que se ha tachado a ambas organizaciones de “populistas” al oponerse de forma frontal al acuerdo alcanzado entre los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el ministro del Interior, por aquel entonces Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular.

La asociación se defiende como “apolítica”. Sin embargo, a pesar de recibir, en algunos casos, el tímido apoyo de Podemos, las fuerzas de derechas siempre han apoyado sus demandas: Partidos Popular, Ciudadanos y Vox, han acudido a sus manifestaciones, aunque el principal portavoz de sus exigencias en el Congreso de los Diputados es Santiago Abascal. El líder de la ultraderecha ha defendido en multitud de ocasiones algunas de sus principales reivindicaciones. A pesar de su convergencia en el discurso, ambas organizaciones han rechazado siempre su vinculación con cualquier fuerza política.

Más allá de sus apoyos políticos, la oposición férrea contra el Gobierno es clara, en la propia página web de la asociación se acusa al Ejecutivo de tratar al cuerpo como “verdugos” y a éstos como “víctimas”. “En estos tiempos difíciles, donde parece que, gracias a este Gobierno, se han intercambiado los papeles y los verdugos quieren hacerlos parecer ahora las víctimas, y los perseguidos, repudiados y asesinados, vergudos, aquí va la verdadera memoria democrática”, denuncian.

Más allá de la equiparación salarial

JUCIL se ha convertido en un actor habitual en los juzgados de Cataluña. La asociación profesional fue la primera en presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se ejecutase la sentencia que impuso la obligatoriedad de la docencia de, al menos, el 25% en castellano. La asociación ganó la batalla, aunque lamentan que no se cumpla.

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La organización denuncia que los hijos de los compañeros Guardias Civiles sufren acoso por parte de sus compañeros cuando éstos conocen la profesión de sus progenitores. A pesar de ser preguntados por las posibles denuncias derivadas de estos actos, desde la organización reconocen que “hemos desistido en ir a los juzgados” porque, según denuncian, “la justicia no funciona”, por eso se conforman con la denuncia pública.

También se han posicionado en contra de las modificaciones planteadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, durante la anterior legislatura. En aquel caso, los grupos parlamentarios proponían enmiendas para modificar la conocida como Ley Mordaza, una reforma a la que se oponía JUCIL: “Nos hemos posicionado en contra de la retirada de las pelotas de goma o del fin de la veracidad del testimonio de los agentes de la autoridad”, explica Leal, que celebra que no haya salido adelante.