El IEE propone desvincular el bono social de la tarifa regulada y que las eléctricas dejen de financiarlo

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha propuesto desvincular el bono social de la tarifa regulada (PVPC) con el objetivo de que los consumidores vulnerables que se acogen a esta ayuda no sufran el impacto que situaciones como la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania o la tensión en los mercados internacionales generan en el pool. Asimismo, plantea que esta subvención deje de estar financiada por las eléctricas y que se cargue a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como sucede en el caso del bono social térmico.

El bono social consiste en una bonificación en las facturas del suministro de electricidad aplicado por el correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los consumidores. El descuento es de un 25% para consumidores vulnerables y de un 40% para consumidores vulnerables severos. Sin embargo, ante la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió elevar estos descuentos al 65% y 80% respectivamente hasta el 31 de diciembre de 2023.

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Su forma de financiación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En abril de 2022, el Gobierno estableció un nuevo mecanismo por el cual el coste de esta prestación era asumido por todos los sujetos que participan en las actividades de la cadena de suministro de energía eléctrica: producción, transporte, distribución y comercialización, así como los consumidores directos en mercado.

El coste total asociado al bono social eléctrico ascendió a 139 millones de euros en 2019 y 131 millones de euros en 2020, últimos datos públicos disponibles de la CNMC. No obstante, dichos costes se han incrementado significativamente de forma reciente debido a la crisis de precios de la energía resultado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y al incremento en el porcentaje de bonificación estipulado por el Gobierno.

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Financiarlo como el bono social térmico

Sin embargo, el think thank de la CEOE defiende que bono social eléctrico debería funcionar como el actual bono social térmico, que consiste en un pago anual destinado a compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina y financiado desde los Presupuestos Generales del Estado. “De hecho, lo más eficiente sería fusionar ambos bonos en un único bono social energético, siguiendo el esquema de funcionamiento del actual bono térmico” reza el informe Buenas prácticas regulatorias. Una propuesta para el sector eléctrico español.

La propuesta de sustituir descuentos en el precio por ayudas directas, por sus efectos económicos, es una idea compartida por otros organismos como el Banco de España, que defienden que sería más eficiente sustituir medidas de protección frente a la crisis energética, como la reducción del IVA y de los impuestos especiales y el descuento de 0,20 euros al carburante, por un cheque puntual a los hogares más vulnerables.

“Así se eliminaría el requisito de contratar con un suministrador de referencia bajo el PVPC, para evitar situaciones como las que se han dado en el pasado y en las que el consumidor vulnerable atado al PVPC, a pesar del bono social, termina pagando facturas más caras que si hubiera contratado en el mercado libre” afirma el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa.

Por otra parte, IEE también se ha mostrado a favor de la eliminación de la tarifa regulada para los consumidores de luz y considera que solamente debería existir de manera excepcional para el “último recurso”. Así, a pesar de estimar que la reforma aprobada la pasada semana por el Gobierno del PVPC, que busca aportar más estabilidad a las facturas finales de los consumidores, dando un mayor peso progresivo a los mercados de futuros, es mejor que la existente, el think tank aseguró que una tarifa regulada de la luz en el mercado minorista de electricidad puede ser “innecesaria y se superpone con soluciones que ya provee el mercado”.

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