Madrid, 18 jun. El Tribunal Constitucional resolverá el próximo martes si suspende cautelarmente la demolición total del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas (Cáceres), ordenada por el Tribunal Supremo, hasta que la corte de garantías resuelva el fondo de los recursos.
Según informaron fuentes jurídicas a EFE, el ponente Enrique Arnaldo está a favor de conceder la medida cautelar solicitada por los recurrentes para evitar el perjuicio que supondría derribar el complejo aunque a posteriori se estimaran los recursos de la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios del complejo y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.
El pleno que comienza el martes resolverá esta cuestión, cuya admisión a trámite ya tensionó al tribunal en noviembre de 2022 pues salió adelante por un solo voto de diferencia, seis a cinco.
Los magistrados que se opusieron a revisar la sentencia del Supremo fueron el exvicepresidente Juan Antonio Xiol, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán.
Isla de Valdecañas es un complejo turístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie en la presa de Valdecañas.
El Supremo acordó la demolición del hotel, las viviendas y el campo de golf de la urbanización Marina Isla de Valdecañas por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
De esta forma, revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que se que declaró la imposibilidad material de demoler los edificios ya construidos de la urbanización.
El TSJ de Extremadura había acordado la conservación del hotel, 185 viviendas, un campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento al tiempo que había señalado que el coste de demolición de todo lo edificado supondría 144,9 millones entre obras e indemnizaciones.
Por otro lado, la corte de garantías podría aprobar la avocación a pleno de los recursos de amparo de 12 de los 15 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por los ERE, entre ellos los de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
Se trata de un trámite preceptivo una vez que la sala segunda del tribunal acordó elevar todas las cuestiones de los ERE a pleno para que sea el conjunto de los magistrados el que resuelva sobre estos asuntos, entre ellos, la suspensión de ingreso en prisión solicitadas por Griñán y por el consejero Antonio Fernández.
Además, los magistrados también estudiarán si admiten a trámite el recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto y otro del PP contra la ley trans, que sería el segundo contra dicha norma, toda vez que el tribunal ya aprobó revisar el recurso del partido de Santiago Abascal. EFE
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