La convocatoria adelantada de elecciones generales para el próximo 23 de julio paraliza toda la nueva legislación en marcha, siendo una de las normas en esta situación el anteproyecto de ley que traspone la última directiva europea, de 2022, en materia de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. De esta manera, las grandes empresas y pymes ganan tiempo para asumir las nuevas exigencias que, por el momento, quedan en el limbo.
“Quiero pensar que lo que hemos hecho no va a caer en saco roto y que cuando se forme el nuevo gobierno, sea el que sea, se retomen las negociaciones y los tramites que quedan pendientes”, ha opinado este lunes Ana Manzano, subdirectora general en el ICAC, organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, durante una jornada organizada por el Consejo General de Economistas. La directiva europea se puede trasponer hasta el 6 de julio de 2024, por lo que “todavía tenemos tiempo” de aprobar una legislación en plazo, asegura Manzano.
La nueva normativa relativa a la información corporativa surgió al albor del Pacto Verde de la UE de 2019 y tiene el objetivo de equiparar la información medioambiental y social a la información financiera, dotándola de unos estándares obligatorios a nivel europeo para que terceras personas puedan acceder a datos fiables y comparables. “A veces miramos en las páginas webs de las compañías y es un contenido más de marketing que un contenido riguroso y serio, por tanto, es bueno que exista este marco normativo tanto para la elaboración como para la verificación”, ha opinado durante la jornada Emilio Álvarez, presidente de REA Auditores.
También ha justificado la necesidad de esta directiva Patrick de Cambourg, presidente del Consejo de Información en Materia de Sostenibilidad del EFRAG, asesor de la Comisión Europea. “El objetivo es dar a todas las partes interesadas una información objetiva preparada a partir de normas y con todas las precauciones que tenemos hoy para la información financiera para evitar el greenwhasing”, ha explicado.
Dificultad para las pymes
La nueva directiva pretende ampliar las obligaciones de información a las pymes que cotizan en bolsa, más allá de afectar a las grandes empresas de más de 250 empleados, que ya estaban obligadas a reportar este tipo de datos por la ley de información no financiera de 2018, actualmente en vigor. Por tanto, el resto de pequeñas y medianas empresas no tendrán obligación legal.
Sin embargo, las pymes que formen parte de la cadena de suministro de una gran empresa obligada a elaborar informes de información no financiera sí se verán afectadas, ya que la directiva establece que se deben incluir los datos de todas las empresas integrantes de la denominada cadena de valor. Además, según ha explicado el director del servicio de estudios del Consejo general de Economistas, Salvador Martín, “desde el punto de vista de la realidad práctica y los hechos cotidianos de millones de pymes va a ser un requerimiento de muy difícil no aplicación si quieren estar en el mercado con garantías de éxito y permanencia”.
Por ello, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha pedido que la legislación que se vaya a aprobar en España “respete la materialidad”, obligando a que las pymes solo faciliten información sobre “aquellos aspectos que realmente sean relevantes” para “no añadir trámites burocráticos innecesarios que supongan una carga, restándoles competitividad”.
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