Las diferentes regiones españolas ya han fijado el importe de los complementos autonómicos que completan las pensiones de jubilación e invalidez de miles de beneficiarios. Estos incrementos no son iguales en todas las comunidades, ya que las fijan los gobiernos autonómicos, lo que genera una brecha entre unas regiones y otras. Entre las comunidades que mayor complemento han fijado para este 2023 se encuentra País Vasco, donde esta ayuda alcanza los 5.000 euros.
La subida de los complementos ha generado mucha polémica en Andalucía, ya que el incremento aprobado por el Ejecutivo de Juanma Moreno ha sido mucho menor que en otras regiones. En esta comunidad, las pensiones no contributivas sumaron más de 93.300 durante el pasado año: 39.000 son de invalidez y en torno a 53.000 de jubilación, con una cuantía media mensual de 523,76 euros y 466,12 euros, respectivamente. Después del incremento anunciado a finales de 2022 por la Junta de Andalucía, este pasa de los 148,81 euros anuales en 2022 a 162,20 en 2023.
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Una polémica que tiene su sentido, ya que en el resto de comunidades, este complemento a la pensión es mucho más elevado. Concretamente, la región con este tipo de prestación complementaria es País Vasco, donde asciende a 4.811,40 euros, duplicando a Navarra, la segunda región con el importe más alto -2.772 euros-. Por encima de los 1.000 euros se posicionan Comunidad Valenciana, con 1.908 euros, y Cataluña cuyo importe asciende a 1.760,04 euros, mientas que por debajo de esa cota se encuentran Cantabria (681,36 euros), Asturias (639,36 euros), Aragón (494 euros), Baleares (428,36 euros), Extremadura (235 euros) y Galicia (206 euros).
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Las pensiones no contributivas tienen la cuantía más baja de las reconocidas por el Sistema de la Seguridad Social y esto, unido a un también bajo nivel de rentas, lleva a considerar a este colectivo en riesgo de exclusión social. Ante esta situación, se determina conveniente el establecimiento de la ayuda económica complementaria para este colectivo. Para su abono, será un requisito ser persona perceptora de pensión de jubilación o invalidez en sus modalidades no contributivas y tener esta condición a 31 de diciembre de 2022, así como tener la vecindad administrativa en el territorio donde se solicita.
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