La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechaba una jornada de campaña en Valladolid para anunciar que su Ejecutivo invertirá 38,5 millones de euros en un plan para fortalecer la salud mental en España. Este martes, el Consejo de Ministros ha hecho oficial la medida: “Esto da continuidad a los 24 millones de euros transferidos el año pasado”, ha asegurado el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones.
El anuncio ha levantado ampollas, y no por innecesario, sino por la cantidad destinada y la forma de informar sobre la noticia, que surge después de que el Gobierno aprobara una reforma en la sanidad pública que abría las puertas a las privatizaciones, algo que Unidas Podemos intentó frenar sin éxito. “La clave para cuidar la Sanidad más allá de los anuncios electorales tiene que ver con cuidar lo público, con desprivatizar la sanidad. Y para ello es fundamental derogar la Ley 15/1997 que puso en marcha el Gobierno de Aznar y que todos los servicios y prestaciones de la sanidad pública se devuelvan a las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, ha declarado la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Los presupuestos que manejan las Comunidades Autónomas para financiar la sanidad pública son mil millonarios. Por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid oscila los 8.000 millones de euros solo en 2022. Ínigo Errejón, diputado de Más País en el Congreso de los Diputados, fue la primera voz crítica con el anuncio de Sánchez: “Anunciar 38 millones, menos de un euro por habitante, que además ya fueron aprobados en los Presupuestos Generales del Estado no es el camino”, aseguraba desde su cuenta de Twitter.
El caso es que esta inversión ya estaba asignada y forma parte de los Presupuestos pactados entre el PSOE y Unidas Podemos. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aparece dos transferencias a las autonomías de 16 y ocho millones de euros para equipamiento para salud mental y una tercera de 14,5 millones destinada a infraestructuras. Al sumar todas las cantidades sale la cifra anunciada por Pedro Sánchez, 38,5.
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Una profunda escasez de psicólogos en la sanidad pública
Más allá de los números en euros, la realidad es que en España escasean los profesionales de la salud mental: solo hay seis psicólogos en la sanidad pública por cada 100.000 personas, una cifra que baila y fluctúa considerablemente según la Comunidad Autónoma. La sanidad pública corre a cargo de cada región y no del Gobierno de España.
Javier Prado Abril, de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR), arroja más datos al contexto actual en España y pone el énfasis en los desequilibrios territoriales: “En Galicia hay 3,5 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, en Andalucía, 3,2, en Madrid está en 6 y en Euskadi hay cerca de 10 por cada 100.000. En Cataluña, 18″, asevera, según estimaciones de su propia organización, ya que el Ministerio de Sanidad no arroja información al respecto.
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Sin embargo, el dato de psicólogos en activo y graduados es mucho más alto, pero ejercen en entidades privadas o como particulares. Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Navarra, todas gobernadas por el PSOE, están por debajo de la media nacional, que se ubica en 72 psicólogos por cada 100.000 habitantes graduados y en ejercicio de su trabajo.
Desde ANPIR no menosprecian ningún aporte a fortalecer la salud mental en la sanidad pública, pero ponen sobre las verdaderas inversiones que serían eficaces. “Para ponerlo en contexto, solo duplicar el número de plazas de formación sanitaria especializada, que este año han sido 231, costaría 26 millones al año. Y ese sería el horizonte al que aspiramos para dar una atención de carácter básico. Pero si queremos apostar por la salud mental de verdad, necesitaríamos muchas más, para alcanzar una ratio de 20 psicólogos por cada 100.000. El Ministerio de Sanidad conoce toda esta información”, apunta la organización.
Además, las políticas para proteger la salud mental de los españoles deberían ir mucho más lejos: “Solo el gasto que generan las bajas por cuadros de ansiedad y trastornos depresivos y el consumo de fármacos que convierte los trastornos en crónicos eleva el problema a 26.000 millones de euros al año”, estima Javier Prado, que pone esos 38,5 millones en relación con las verdaderas cantidades necesarias para paliar los problemas de salud mental en España.
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