La diferencia entre la pensión más alta y más baja aumenta hasta los 2.276 euros mensuales

Uno de los objetivos de la reforma de las pensiones, que ha entrado en vigor este año, es aumentar las prestaciones más bajas para mejorar el poder adquisitivo de los jubilados que las reciben.

Para lograr este fin, el Gobierno ha decidido revalorizar las pensiones contributivas en función del IPC, por lo que este año han subido un 8,5%, y aumentar las no contributivas de jubilación e invalidez un 15%.

Estas medidas, de las que se benefician 11,8 millones de personas, han situado la pensión mínima para este año en 10.963 euros anuales para los jubilados sin cónyuge a su cargo, lo que supone 783 euros mensuales. Mientras que la pensión máxima alcanza los 42.829 euros anuales, o lo que es lo mismo, 3.059 euros al mes.

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Esta diferencia hace que los que cobran pensiones más altas reciban 2.276 euros mensuales más que los que menos cobran, mientras que en 2022 esta diferencia era menor, 2.098 euros mensuales.

Esta brecha se irá acortando en los próximos años, debido a que, según recoge la nueva reforma, la pensión mínima contributiva no podrá ser inferior a los 14.300 euros a partir de 2027.

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Así, “la nueva reforma va a actuar más sobre las pensiones mínimas, sin relacionarlas con el IPC, sino con el umbral de la pobreza. Sin embargo, las máximas van a subir hasta 2050 ligeramente por encima del IPC, por lo que lo normal es que hasta 2050 se reduzca algo la brecha”, señala Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE.

Por el contrario, una brecha que sí va a aumentar a partir de este año impulsada por la reforma de las pensiones, a juicio de Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), es la que se abre entre “las bases de cotización que tendrán que afrontar los que reciben los salarios más elevados y las pensiones que van a recibir en el futuro, ya que las primeras van a creer en mayor proporción que las pensiones máximas, por lo que aumentará la diferencia entre lo cotizado y lo percibido como pensión”.

Por el momento, el gasto en pensiones contributivas sigue subiendo y ya se sitúa en el 11,7% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En abril, la nómina de las pensiones contributivas fue de 11.962,7 millones de euros con los que se pagaron 10.026.535 prestaciones a más de 9 millones de pensionistas.

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Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de abril se destinaron a pensiones de jubilación, en concreto, el 72,8%, es decir, 8.711 millones de euros.

A pagar pensiones de viudedad se dedicaron 1.998,3 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente ascendió a 1.059,1 millones; la de orfandad, a 162,9 millones y las prestaciones en favor de familiares, a 31,3 millones.

La pensión media del sistema fue en abril de 1.193,1 euros mensuales. Esta cuantía comprende las distintas clases de pensión: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La pensión media de jubilación alcanzó los 1.373 euros. Mientras que por regímenes, la del Régimen General fue de 1.531,5 euros al mes, mientras que la más baja la registró el Régimen de Autónomos con 914,3 euros.

Los jubilados del sector de la Minería del Carbón son los más favorecidos si se tiene en cuenta que su pensión media se situó en los 2.674,1 euros, más elevada que la del Régimen del Mar, que alcanzó los 1.522,1 euros.

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