En medio del tenso clima que desató en Francia la propuesta del Ejecutivo de Emmanuel Macron para reformar el sistema de pensiones, España hizo lo mismo pero en paz y silencio.
Este jueves, el Gobierno del izquierdista Pedro Sánchez, aprobó un decreto para reformar los cálculos jubilatorios con el que “culmina la modernización de nuestro sistema y blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros”, aseguró el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
El proyecto fue aprobado en una reunión extraordinaria del Ejecutivo de coalición de izquierda y cuenta con el aval de los dos principales sindicatos españoles -UGT y CCOO- y la Comisión Europea que, desde hace tiempo, exigía esta medida para poder continuar con el desembolso de los fondos europeos de recuperación económica tras la pandemia del coronavirus.
En concreto, la reforma incluye medidas para aumentar los ingresos del sistema de pensiones, entre ellas, el incremento progresivo de la base máxima de cotización de 4.495,50 euros mensuales en 2023 y que, entre 2024 y 2050, se actualizará cada año de acuerdo al índice de precios de consumo más 1.2 puntos porcentuales.
También, se prevé un mecanismo de equidad intergeneracional con un aumento en las cotizaciones sociales desde este año, para pasar progresivamente del 0,6% al 1,2%.
Escrivá sostuvo durante la rueda de prensa que, con estas medidas, el fondo de reserva que garantiza las pensiones llegará a unos 120.000 millones de euros a principios de la década de 2040, lo que permitirá garantizar la viabilidad del sistema en un país en el que se espera un fuerte aumento de pensionistas cuando se jubilen los baby boomers.
Este fondo había ido decreciendo en los últimos años quedando en un gasto que representa casi el 12% de su producto interno bruto -aproximadamente unos 12.000 millones de euros mensuales-. Esta cifra cubre a más de nueve millones de beneficiarios, en un país de más de 47 millones de habitantes y con una baja tasa de natalidad -en tendencia descendente- que estima 1,2 hijos por mujer en edad fértil.
Esta decisión fue rechazada por la patronal española que considera que carga la recaudación sobre los empresarios y los trabajadores mientras que la oposición de derechas reprocha al Gobierno no haberla consensuado con miras al futuro.
En lo que respecta a la edad jubilatoria, ésta no se vio afectada con la reciente reforma por lo que una persona debe tener un mínimo de 65 años para acceder a esta pensión en España. Sin embargo, está previsto que el número se eleve hasta los 67 en 2027, con un período mínimo de cotización de 37,5 años.
Ésta ya había sido retrasada dos años en 2011 por el Gobierno del presidente socialista José Luis Zapatero durante la crisis financiera que azotaba al país.
La propuesta, menos polémica que la francesa
A diferencia del proyecto aprobado por Emmanuel Macron, la reforma española no suscitó el fuerte repudio de la sociedad ni derivó en huelgas y paros masivos.
Al respecto, Escrivá explicó que esta diferencia se debió a que Francia tardó demasiado en modificar su sistema por los “42 regímenes especiales privilegiados en pensiones”.
“Francia tiene un sistema de pensiones que no es sostenible. No lo ha abordado durante décadas”, comenzó mencionando y señaló que al no haber tomado las respectivas medidas “a tiempo”, ahora debe hacerlo mediante “recortes” que “generan resistencia social”.
(Con información de EFE y AFP)
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