Candidatos presidenciales de Perú ofrecen replicar el modelo de seguridad de Bukele

Las propuestas de Keiko Fujimori y Carlos Álvarez de replicar el modelo de seguridad aplicado por Nayib Bukele en El Salvador marcaron un punto central en la campaña presidencial peruana de 2026, en un contexto donde la delincuencia y las extorsiones alcanzaron niveles récord.

Según el Instituto Nacional de Estadística de Perú, el 23.9% de la población urbana mayor de 15 años fue víctima de algún hecho delictivo en el segundo semestre de 2025, una cifra que reforzó la demanda ciudadana por políticas de mano dura. The Straits Times informó que Fujimori lidera la intención de voto, con porcentajes entre 14,5% y 18,5% según los últimos sondeos, mientras Álvarez se consolida en el segundo lugar, alcanzando alrededor del 10%.

Durante los debates y actos de campaña, Keiko Fujimori prometió “sacar realmente a las Fuerzas Armadas”, realizar operativos masivos en las zonas más peligrosas y construir un megapenal inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una cárcel que se convirtió en símbolo del combate frontal contra las maras salvadoreñas.

“Construiremos así una cárcel como el CECOT en El Salvador, donde Bukele en ocho meses lo hizo. Aquí también”, afirmó Fujimori en declaraciones recogidas por DW Noticias en un video publicado en su sitio web.

De acuerdo con The Rio Times, la candidata de Fuerza Popular basa su campaña en la promesa de restablecer el control estatal en los barrios dominados por el crimen y revertir el clima de violencia urbana.

Carlos Álvarez, representante de País para Todos y figura televisiva reconocida, propuso una estrategia similar y manifestó su interés por el modelo salvadoreño. “Yo haría un convenio para que Singapur, Finlandia, Dinamarca, los Estados Unidos con las fuerzas especiales y también tocar las puertas a El Salvador y a Nayib Bukele para que traigan a sus expertos, para que manejen las escuelas de la Policía Nacional del Perú”, sostuvo Álvarez en su acto público, según DW Noticias.

Su mensaje busca capitalizar el voto de quienes desconfían tanto del fujimorismo como de las opciones más conservadoras, presentando una alternativa de corte pragmático y con fuerte impronta mediática.

La adopción del modelo Bukele ha trascendido las fronteras de El Salvador y se ha convertido en referencia para gobiernos y candidatos de la región. El presidente chileno José Antonio Kast visitó en enero pasado el CECOT para conocer de primera mano la operativa del penal y mantuvo reuniones con el gabinete de seguridad salvadoreño, con el objetivo de adaptar parte de la estrategia a la realidad chilena.

“Estamos listos para trabajar mano a mano con nuestros hermanos chilenos”, publicó Casa Presidencial de El Salvador, citada por ABC News. Kast remarcó que la visita buscó comprender el sistema y no necesariamente replicarlo íntegramente, pero confirmó la voluntad de importar “buenas ideas y propuestas” para combatir el crimen organizado.

En el caso de Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves recorrió el CECOT y anunció la construcción de una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5,100 reclusos, inspirada en el penal salvadoreño y prevista para junio de 2026.

Ambos gobiernos han lanzaron la iniciativa “Escudo de las Américas”, que prevé intercambio de información, operaciones conjuntas y capacitación en gestión penitenciaria.

Otros países de América Latina también han tomado elementos del esquema impulsado por Bukele. Según Foreign Policy, Honduras implementó estados de emergencia y suspensión de garantías constitucionales para enfrentar la violencia, Ecuador y República Dominicana han replicado tácticas de militarización y endurecimiento penal, y en Colombia el modelo es tema de debate recurrente ante el deterioro de la seguridad urbana y rural.

Organizaciones sociales y analistas consultados por Noticias Caracol y por el Instituto Juan de Mariana advierten sobre los riesgos de trasladar mecánicamente una política de control territorial a países con estructuras criminales diferentes, como ocurre con el narcotráfico en Colombia.

Las propuestas de los candidatos peruanos se enmarcan en una tendencia regional que ha visto crecer la popularidad del modelo Bukele, asociado a una reducción drástica de homicidios en El Salvador —de 51 por cada 100.000 habitantes en 2018 a menos de 2 en 2024, según Diálogo Político—, aunque acompañado de cuestionamientos sobre derechos humanos.

Este enfoque de seguridad ha seducido tanto a sectores conservadores como a votantes descontentos con la ineficacia de las políticas tradicionales, y se ha convertido en eje de campaña para quienes buscan capitalizar el temor ciudadano y la demanda de resultados inmediatos.

La elección presidencial peruana, que se celebrará el 12 de abril de 2026, se perfila así como un laboratorio político donde se pondrá a prueba la viabilidad y el atractivo electoral de replicar el modelo Bukele, en medio de una crisis de confianza en el sistema político y en las instituciones encargadas de la seguridad pública.