Periodistas centroamericanos ven en Costa Rica un ejemplo tras la eliminación de penas de prisión por calumnia e injuria

La reciente decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de eliminar las penas de prisión para periodistas en casos de calumnia e injuria ha sido recibida como un avance histórico en la protección de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo no solo en el país, sino en toda la región.

La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) valoró la aprobación unánime de esta reforma, destacando su impacto en la reducción de la criminalización del trabajo periodístico y la consolidación de una sociedad democrática más abierta y plural.

La reforma aprobada por el Congreso costarricense deroga los artículos 7 y 8 de la centenaria Ley de Imprenta, los cuales permitían imponer penas de hasta 120 días de cárcel a periodistas, editores y otros responsables de publicaciones por delitos contra el honor, como calumnia o injuria, cometidos a través de los medios.

El artículo 8 también sancionaba con prisión la publicación de contenidos considerados subversivos o que alteraran las relaciones diplomáticas. Con 43 votos a favor en el segundo y último debate, el nuevo marco legal traslada la resolución de estos conflictos al ámbito civil, eliminando el uso de la cárcel como herramienta de castigo frente a la labor periodística.

El texto está pendiente ahora de la firma y publicación oficial por parte del Ejecutivo para su entrada en vigor.

Según la RCP, la eliminación de las sanciones penales representa “un avance significativo para reducir los riesgos de criminalización del trabajo periodístico y fortalecer el debate público en una sociedad democrática”. Además, la organización subraya que la reforma se alinea con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, tal como los establece la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este organismo ha reiterado la importancia de que las controversias relacionadas con el ejercicio periodístico se resuelvan mediante mecanismos civiles adecuados, como el derecho de respuesta, la rectificación y la reparación proporcional, evitando siempre la prisión.

La Red Centroamericana de Periodistas enfatiza que la eliminación de las penas de cárcel no implica impunidad ni habilita el uso irresponsable de la libertad de expresión. Por el contrario, subraya que el ejercicio periodístico debe regirse por altos estándares éticos, profesionales y legales.

La organización recuerda que los periodistas ya enfrentan deberes y responsabilidades y que el uso abusivo de procesos judiciales para silenciarles —como las conocidas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs)— constituye otra forma de amenaza contra la libertad de prensa.

Casos recientes en la región, como los del periodista costarricense Marlon Mora, José Rubén Zamora en Guatemala y Carlos Eduardo Ávila en Honduras, han evidenciado que la existencia de sanciones penales y el uso abusivo de recursos judiciales facilitan la criminalización y el hostigamiento contra la prensa.

Según la RCP, la eliminación de las penas privativas de libertad en Costa Rica no solo protege a los profesionales de la comunicación, sino que envía un mensaje claro en contra del uso del sistema penal como mecanismo de censura.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) también calificó la reforma como una “victoria institucional” y reconoció que el país, tras décadas de debate y presión de organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, da un paso clave hacia la modernización de sus leyes y el fortalecimiento de la democracia. El proyecto de ley, identificado como expediente 24,185 y presentado por el diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista, fue impulsado tras años de denuncias sobre el carácter anacrónico y restrictivo de la antigua Ley de Imprenta.

La Red Centroamericana de Periodistas hizo un llamado al gobierno de Costa Rica para que ratifique la normativa y a los países centroamericanos a revisar sus propios marcos legales, con el objetivo de avanzar en la despenalización de los delitos contra el honor y en la protección efectiva de la libertad de prensa. La organización subraya la necesidad de evitar tanto la criminalización como la censura judicial e insiste en que el uso de mecanismos civiles es suficiente para resolver los conflictos derivados del ejercicio periodístico.

En suma, la decisión de Costa Rica se consolida como un referente regional y una muestra de que el fortalecimiento de la libertad de expresión y la protección de los periodistas son pilares esenciales para la democracia y el desarrollo social.