La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió la iniciativa para crear la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), un organismo autónomo que busca convertirse en el ente rector de las políticas nacionales sobre pesca, acuicultura y actividades conexas bajo un enfoque de sostenibilidad.
El propósito central es desarrollar un marco jurídico e institucional capaz de armonizar el crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales, respaldando la seguridad alimentaria del país y la generación de empleo a partir del aprovechamiento responsable de los ecosistemas acuáticos, según el proyecto presentado por la ministra de Economía María Luisa Hayem Brevé, cumpliendo instrucciones directas del presidente de la República.
Entre las implicaciones inmediatas de la ley destaca el traspaso de competencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA) a la nueva autoridad. Una comisión de transición, integrada por representantes del ministerio y de la ASEA, deberá coordinar la transferencia de activos, recursos humanos y proyectos en curso.
El artículo 22 del decreto establece que “la ASEA será la institución competente para la implementación de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura”, consolidando así la conducción estatal del sector bajo el nuevo enfoque de economía azul.
Según el texto impulsado por el Ejecutivo, la ASEA tendrá sede principal en el municipio de La Libertad Sur, con posibilidad de abrir oficinas en cualquier parte del territorio nacional.
Entre sus principales funciones se encuentran la formulación, adopción y evaluación de políticas públicas, el control de la trazabilidad y calidad de los productos pesqueros, la fiscalización de los recursos hidrobiológicos y la promoción de alianzas tanto a nivel nacional como internacional. Además, este ente estará facultado para emitir licencias, imponer sanciones, proponer reformas legales y coordinar iniciativas de innovación y transferencia tecnológica.
“La Autoridad tendrá plena autonomía en lo financiero, administrativo, operativo y presupuestario”
Respecto al régimen financiero, el patrimonio de la ASEA estará conformado por transferencias estatales, ingresos propios por servicios, donaciones y otros recursos legales.
El artículo 16 dispone que estos fondos podrán colocarse en el sistema financiero nacional, exceptuando las asignaciones presupuestarias del Fondo General del Estado, con el objetivo de incrementar el patrimonio institucional.
¿Cómo se estructurará?
La estructura de la ASEA incluye un director ejecutivo, designado por el presidente de la República por cinco años, renovable por otro periodo igual. El director tendrá facultades para representar legalmente al organismo, aprobar el presupuesto anual, emitir normativa interna, nombrar y remover personal, así como administrar la infraestructura estatal pesquera y acuícola.
El artículo 9 detalla los requisitos para ocupar la dirección, entre ellos ser salvadoreño, mayor de cuarenta años, poseer título universitario y experiencia en la materia.
En materia de fiscalización y control, la autoridad contará con auditoría interna y podrá contratar auditorías externas cuando lo considere pertinente. El presupuesto anual y la liquidación de recursos estarán sujetos a supervisión por parte de la Corte de Cuentas de la República.
Como organismo sancionador
La ASEA asume la competencia exclusiva para imponer sanciones previstas en la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura. La Gerencia de Ordenación y Administración Pesquera y Acuícola instruirá los procedimientos, con recurso de apelación ante el director ejecutivo. Las sanciones se suman a aquellas posibles de naturaleza medioambiental, civil o penal.
El decreto estipula que la transferencia de activos, incluyendo infraestructuras, equipos, archivos y bases de datos, sea realizada conforme al inventario elaborado por la comisión de transición. Además, la ASEA gestionará los registros nacionales de pescadores, embarcaciones y proyectos acuícolas, además, fungirá como autoridad científica y administrativa ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Entre las funciones estratégicas de la ASEA se incluye la implementación de políticas de investigación e innovación, la promoción de estándares de calidad en los productos pesqueros y el fortalecimiento de la trazabilidad y sanidad en todas las fases de la cadena de valor. Además, impartirá programas de capacitación y coordinación para el desarrollo del sector bajo “principios de economía circular”.
La iniciativa prevé expresamente que “la ASEA iniciará operaciones con las asignaciones presupuestarias disponibles correspondientes a la Unidad Presupuestaria 05 Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura comprendidas dentro del Presupuesto del ministerio de Agricultura y Ganadería”.
En lo sucesivo, el Ministerio de Hacienda deberá asegurar la inclusión de dichas partidas en la Ley del Presupuesto General del Estado para cada ejercicio fiscal.
Finalmente, la ley deroga los artículos 7 a 12 de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura y mantiene vigentes los reglamentos y disposiciones administrativas que no se opongan a la nueva regulación, hasta que sean modificados o derogados expresamente. El decreto entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.
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