En un movimiento clave de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, titular de la entidad, anunció la designación de Eduardo Mallea como el nuevo Director General de Aduanas. Esta decisión forma parte del “plan de reestructuración” que Misrahi ha estado implementando, con el objetivo de “despolitizar el organismo”.
Mallea, abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires y socio del Estudio Jurídico Bruchou & Funes de Rioja, ha sido “convocado por la Dra. Misrahi para integrar su equipo de liderazgo”. Este nombramiento se alinea con la “decisión de hacer de la AFIP un organismo técnico y no político”, otorgando a la Dirección General de Aduanas un “enfoque profesional, moderno y experimentado”.
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Con una destacada trayectoria en el ámbito del derecho aduanero, Mallea es “reconocido por su conocimiento y experiencia”, sostuvo el comunicado. Desde el año 2012, ha sido distinguido como uno de los “abogados líderes en la materia”, lo que según el Gobierno refuerza su idoneidad para el nuevo rol.
La designación de Mallea y la reestructuración en curso en la AFIP se “condicen con los lineamientos definidos por el Presidente Javier Milei” para la “reorganización eficiente de los organismos del Estado”. Este movimiento es visto como un paso significativo hacia la mejora de la eficiencia y la transparencia en una de las áreas clave del gobierno.
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La antecesora, Rosana Lodovico, deja el cargo máximo pero no está claro si se va del organismo. Ahora podría volver a trabajar como Subdirectora general de la Aduana Metropolitana, su cargo previo que le había dado Silvia Traverso, funcionaria de Mercedes Marcó del Pont.
Lodovico quedó en medio de una controversia relacionada con un préstamo de USD 250.000 obtenido en 2022 de Promarlon SA, una empresa que fue vinculada a actividades de contrabando. La deuda, adquirida en conjunto con su ex marido, Luis Antonio Bocassi, está bajo investigación de la Justicia en el Tribunal Oral Federal de San Martín 5.
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El préstamo fue utilizado para la compra de una propiedad en Canning, valuada en US$ 330.000, según Lodovico, quien afirmó que también utilizó ahorros personales para la transacción. Esta operación se llevó a cabo mientras Lodovico ocupaba cargos en la Aduana, primero como subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y luego como titular del organismo.
La funcionaria defiende la operación y dice que tomó el crédito de la financiera mucho tiempo después de que la causa por contrabando contra esa empresa se extinguiera.
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Mallea es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 2001 con orientación en Derecho Tributario. Es socio a cargo del Departamento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior del Estudio Jurídico Bruchou & Funes de Rioja, desde el 2011 a la actualidad. El estudio se encuentra integrado por nueve abogados incluyendo dos socios, un despachante de aduanas y dos asistentes de comercio exterior, todos enteramente dedicados a la práctica aduanera y de comercio exterior.
En su trabajo diario en Bruchou & Funes de Rioja asesoraba a clientes nacionales e internacionales en materia aduanera y de comercio exterior, incluyendo litigios, dumping y regulaciones en materia de cambiaria aplicables al comercio exterior.
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La restructuración también trajo varios cambios de puestos dentro de la Aduana con el fin de dar inicio a una nueva estructura de gestión. Una disposición publicada hoy movió a 8 de los principales funcionarios de Aduana, con una nueva redistribución de los cargos en las distintas dependencias del país. De todos los movimientos, los entendidos señalaban como el más importante el de Gladys Morando, que se desempeñaba en la Aduana de Aeroparque Metropolitano y fue designada a cargo del área Operativa Aduanera, un puesto que suele ser reemplazado cada vez que asume un nuevo director general. Morando, una profesional de carrera, va a actuar como mano derecha de Mallea, explicaron fuentes al tanto de los cambios.
Además, en la AFIP algunas áreas operativas de la Dirección para la Seguridad Social pasarán a depender de la DGI para reducir la estructura jerárquica y costos.
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