Con 38 votos a favor y sin oposición en el plenario, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el proyecto de ley 24.943, denominado “Ley para la rendición de cuentas de los magistrados y magistradas del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”, una iniciativa impulsada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios.
La nueva normativa establece la obligación para los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, reunidos en Corte Plena, y del Tribunal Supremo de Elecciones de presentar un informe anual detallado sobre las labores realizadas durante cada año de su nombramiento. La medida introduce un mecanismo formal de transparencia que hasta ahora no estaba regulado de forma específica en la legislación vigente.
Según el texto aprobado, la rendición de cuentas deberá incluir un resumen de las principales actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente, así como los estudios e informes presentados ante la Corte Plena. También se deberán consignar estadísticas relacionadas con el trabajo jurisdiccional, tales como la cantidad de expedientes recibidos, tramitados y resueltos.
El informe deberá detallar, además, el número de sesiones en las que participó cada magistrado, información sobre votos salvados y notas emitidas en condición de ponente, así como las funciones desempeñadas como órgano director en procedimientos disciplinarios. A esto se suma la obligación de reportar proyectos revisados y firmados, informes elaborados para la Asamblea Legislativa y participación en comisiones, en caso de que corresponda.
La ley fija que el documento deberá presentarse un mes después de cumplida cada anualidad del nombramiento. Una vez entregado, deberá ser publicado tanto en el sitio web del Poder Judicial como en el de la Asamblea Legislativa, con el fin de que la ciudadanía pueda consultarlo. En el caso específico de las magistraturas del Tribunal Supremo de Elecciones, los informes también deberán estar disponibles en la página oficial de ese órgano electoral.
Uno de los aspectos relevantes de la normativa es que introduce consecuencias en caso de incumplimiento. El proyecto agrega un inciso 10 al artículo 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se establece como falta grave la omisión de presentar el informe dentro del plazo establecido. Esta tipificación abre la puerta a eventuales procedimientos disciplinarios contra quienes no atiendan la obligación.
La aprobación del expediente 24,943 se dio con 38 votos a favor, 19 diputados ausentes y ningún voto en contra, lo que refleja un amplio respaldo en el plenario legislativo. El resultado evidencia un consenso político en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia sobre las altas jerarquías del Poder Judicial y del órgano electoral.
El proyecto ahora será remitido a Casa Presidencial para la respectiva firma por parte del Poder Ejecutivo. Una vez firmado, deberá publicarse en el diario oficial La Gaceta para entrar formalmente en vigencia como Ley de la República.
A partir de su publicación, el Poder Judicial contará con un plazo de seis meses para estandarizar los lineamientos y ajustar los procedimientos internos que permitan cumplir con lo dispuesto en la nueva normativa. Este periodo de transición busca garantizar que los informes se presenten bajo criterios uniformes y comparables, facilitando así su revisión por parte de la ciudadanía y de otros órganos del Estado.
La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente discusión pública sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el control de la gestión en los distintos poderes de la República. Con esta ley, el Legislativo introduce una herramienta adicional de supervisión indirecta, al exigir que los magistrados expongan de manera periódica y pública los resultados de su trabajo.
El traspaso del proyecto al Ejecutivo marcará el último paso formal antes de su entrada en vigor. De concretarse su publicación en las próximas semanas, la obligación de rendición de cuentas comenzaría a regir para las magistraturas vigentes una vez transcurrido el plazo de adecuación institucional previsto en la ley.
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