El sindicato de Unebanco rechaza la venta del Banco de Costa Rica impulsada por Laura Fernández

La propuesta de Laura Fernández de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y destinar los fondos al régimen de pensiones ha provocado una respuesta inmediata y contundente por parte de Unebanco, el sindicato que representa a más de 4,700 trabajadores de la institución.

En un pronunciamiento hecho público, la agrupación sindical denunció que la iniciativa, lejos de atender necesidades estructurales, persigue privilegiar a grupos de poder económico y constituye, según su visión, “un ataque directo al Estado social costarricense”.

La presidenta electa, por su parte, ha sostenido que la capitalización del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social es inaplazable, ya que ese sistema podría agotar sus reservas hacia el año 2047.

Entre los argumentos elaborados en los últimos días, el sindicato enfatizó que deshacerse del banco no solo afectaría la gestión de las pensiones públicas.

Según Jonathan Blanco, secretario general de Unebanco, la venta del BCR eliminaría el aporte anual permanente a las pensiones del régimen no contributivo, así como los recursos destinados a la promoción cooperativa, la atención de desastres naturales y las becas estudiantiles.

Al respecto, Blanco afirmó: “La venta del BCR no resolverá ningún problema estructural del Estado ni mucho menos el problema de las pensiones. La propuesta no es más que una mera ocurrencia sustentada en mentiras.” Según Unebanco, ya en el pasado el Gobierno había justificado intentos de venta con el argumento de reducir la deuda pública, y ahora introduce como fundamento la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones.

Desde la presidencia electa, Fernández defendió ante la prensa la necesidad de actuar: “Yo sigo en pie con la propuesta seria de que vendamos el Banco de Costa Rica antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos, y que todos los recursos de la venta de ese banco los utilicemos para capitalizar el fondo de pensiones del IVM de la Caja.” La presidenta electa explicó que el cambio demográfico presiona el sistema, pues la longevidad aumenta y la baja natalidad compromete el relevo de cotizantes.

No obstante, el sindicato refuta que exista riesgo financiero inminente. Sostiene que el BCR figura entre las entidades más sólidas y rentables del Sistema Bancario Nacional y rechaza la posibilidad de una crisis o quiebra.

Apoyado en los balances auditados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el sindicato aseguró: “No somos una carga fiscal para el Estado; somos un motor que genera utilidades netas y aporta enormes recursos a toda la población año tras año.” La dirección sindical también descartó cualquier señalamiento de mala administración: “Rechazamos los señalamientos infundados de malos manejos. A la fecha, el BCR no cuenta con condenas ni investigaciones por corrupción que justifiquen su desmantelamiento.”

Además, Unebanco remarcó la función estratégica que cumple el banco en la vida social y económica. Según Blanco, la privatización del BCR “eliminaría los aportes permanentes que el banco hace a las pensiones del régimen no contributivo, el Instituto de Fomento Cooperativo, la Comisión Nacional de Emergencias y la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación”. Insistió en que, a diferencia de la banca privada, “el BCR las devuelve al pueblo costarricense”.

En sus intervenciones públicas, Fernández reafirmó que la venta no se haría sin un paquete paralelo de reformas legales que garanticen eficiencia, transparencia y mejores retornos para el sistema. Dijo que enfrentarse al reto de la sostenibilidad del IVM requiere medidas serias: “Plantearía la venta de ese banco y un paquete de reformas estructurales que nos garanticen eficiencia, transparencia y mejores retornos, porque muy bien sabemos todos nosotros la presión demográfica que experimenta nuestro país”.

A modo de llamado colectivo, el sindicato instó a los trabajadores, sus familias y a toda la ciudadanía a defender la institucionalidad y oponerse a la venta. Resumió su posición al afirmar que “no permitiremos que una institución como la nuestra sea entregada a intereses particulares bajo una narrativa de engaños”.