
El Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso en la Ley de Rescate Económico un aumento progresivo de los aportes a salud para empleados e independientes desde el 1 de enero de 2027, si el Congreso aprueba la iniciativa, con el propósito de que las personas de mayores ingresos financien una proporción más alta del sistema.
La reforma también restringiría la exoneración de aportes patronales a salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Para los salarios superiores a tres mínimos, las empresas tendrían que asumir de nuevo la cotización completa, con un impacto sobre los costos de contratación formal.
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El proyecto fue presentado ante la Cámara de Representantes por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el ministro de Justicia e Interior encargado, Iván Cancino, y el vicepresidente José Manuel Restrepo. La propuesta abarca cambios fiscales, sociales, de salud, inversión y medidas contra la corrupción y el derroche estatal.
El diagnóstico del Ministerio de Hacienda señala un desequilibrio mensual entre recaudos de $29 billones y gastos superiores a $40 billones. La iniciativa busca reducir el gasto público, obtener nuevos ingresos, estabilizar las finanzas estatales y promover el crecimiento económico.
Aportes de hasta 8% para empleados con mayores salarios

Los trabajadores dependientes que ganen hasta dos salarios mínimos conservarían la cotización individual de 4% para salud. Quienes reciban más de dos y hasta cuatro salarios mínimos pasarían a aportar 5,5%, un alza de 1,5 puntos porcentuales frente a la tarifa vigente.
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La escala continuaría con una cotización de 6% para ingresos superiores a cuatro y de hasta cinco salarios mínimos. Para el tramo de más de cinco y hasta 10 salarios mínimos, la tarifa sería de 6,5%.
Los empleados que reciban más de 10 y hasta 15 salarios mínimos aportarían 7%. El porcentaje subiría a 7,5% para quienes estén por encima de 15 y hasta 20 salarios mínimos, mientras que el rango de más de 20 y hasta 25 mínimos llegaría a 8%.
La tarifa actual de salud para empleados equivale a 12,5% del ingreso base de cotización: el empleador cubre 8,5% y el trabajador aporta 4%, según el fondo de pensiones y cesantías Porvenir. El portal precisó que los empleados con salarios superiores a cuatro salarios mínimos ya deben realizar un aporte adicional de 1% al Fondo de Solidaridad Pensional.
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El artículo 21 de la iniciativa modificaría el artículo 204 de la Ley 100 de 1993. El texto sostiene que el nuevo esquema permitiría que los trabajadores con ingresos más altos contribuyan en mayor proporción a la financiación del sistema de salud.
Cotizaciones de hasta 15,5% para independientes

Los trabajadores por cuenta propia conservarían una tarifa de 12,5% si reciben hasta dos salarios mínimos. A partir de ese nivel, la cotización aumentaría de forma escalonada hasta llegar a 15,5% para quienes devenguen más de 20 y hasta 25 salarios mínimos.
Los independientes con ingresos superiores a dos y de hasta cuatro salarios mínimos pagarían 13%; entre más de cuatro y cinco mínimos, 13,5%; y entre más de cinco y 10 mínimos, 14%. Las tarifas serían de 14,5% para el intervalo de más de 10 a 15 salarios mínimos y de 15% para ingresos de más de 15 y hasta 20 mínimos.
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La medida alcanzaría a quienes prestan servicios, desarrollan actividades comerciales por cuenta propia o tienen ingresos variables y asumen directamente sus obligaciones ante el sistema de seguridad social. El contador público Leonardo Varón García cuestionó el efecto sobre ese grupo: “Más costos para los trabajadores independientes, los que ganen más de 2 salarios mínimos, pagarán más a la seguridad social. Es un incremento a los impuestos de los independientes”, expresó en declaraciones a El Colombiano.
Varón también advirtió que el aumento reduciría el dinero disponible para los asalariados: “Tener empleos de calidad resultará más costoso para el empleado, quien verá incrementado su aporte a la seguridad social. Es un aumento directo al efectivo que recibirá”.
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Menor exoneración para las empresas

La reforma modificaría el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que actualmente exonera a determinados empleadores del pago de 8,5% de salud, 2% al Sena y 3% al Icbf por trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con la nueva regla, la exoneración completa de 13,5% se mantendría para empleados que ganen hasta dos salarios mínimos. Ese segmento reúne a 84% de los asalariados formales del sector privado.
Para los trabajadores con remuneraciones superiores a dos y hasta tres salarios mínimos, las empresas tendrían que pagar 4% a salud y 1% tanto al Sena como al Icbf. Por los salarios que superen tres mínimos, desaparecería la exoneración y el empleador asumiría nuevamente 8,5% de salud y 5% de aportes parafiscales.
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Las personas naturales empleadoras podrían acceder a la exoneración total o parcial si tienen entre dos y cinco trabajadores y cumplen las condiciones previstas. La disposición también contemplaría a consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores.
El cambio elevaría los costos para las pequeñas y medianas empresas, según Varón. “La modificación al artículo 114-1 del ET será mortal para las pymes, bajarlo de 10 smmlv a 2, es muy estricto, debería ser al menos a 5 smmlv. No puede ser que se siga encareciendo la contratación por nómina”, sostuvo.
Para un trabajador que gane 2,5 salarios mínimos, equivalentes a $ 4,38 millones, el aumento mensual de la carga sería de $ 329.000. En un salario de 3,5 mínimos, cercano a $ 6,13 millones, el incremento alcanzaría $ 969.000 mensuales, equivalente a 15,8% de la remuneración.
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El salto más pronunciado ocurriría al superar los tres salarios mínimos: el aporte patronal pasaría de 6% a 13,5% sobre la totalidad del salario y no solo sobre el monto que exceda el umbral. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares, utilizada por el Gobierno en la exposición de motivos, siete de cada 10 empleos afectados se concentran entre dos y cuatro salarios mínimos.

José Ignacio López, presidente de Anif, calculó que un asalariado con una remuneración de $ 4 millones recibiría $ 60.000 menos al mes; con $ 10 millones, la reducción sería de $ 419.000; y con $ 25 millones, de $ 969.000. Su estimación usa valores de la Unidad de Valor Tributario y salario mínimo de 2026, bajo el supuesto de un salario ordinario sin primas ni otras deducciones.
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Camilo Guzmán, director de Libertank, sostuvo que el proyecto combina medidas de reducción del gasto con mayores cobros a trabajadores y empresas. “Al empleo formal le cobran por los dos lados: al empleador le vuelven a cobrar los 13,5 puntos y al trabajador le suben el aporte a salud hasta el 8%”, afirmó.
El excandidato presidencial y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, señaló, citado por El Colombiano, que el Ministerio de Hacienda atribuye 70% del esfuerzo al ajuste del tamaño del Estado, pero afirmó que su tabla indica que en 2027 apenas uno de cada cuatro pesos provendría de recortes al gasto, mientras dos de cada tres llegarían por impuestos y contribuciones.
También pidió que el Ministerio publique la microsimulación usada para calcular los efectos de la reforma antes de su primer debate en el Congreso.
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