JEP imputó al general (r) Mario Montoya, excomandante de la Cuarta Brigada, por crímenes de lesa humanidad durante la operación Orión en Medellín

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 12 antiguos integrantes de la fuerza pública por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Comuna 13 y sectores aledaños de Medellín. Entre los comparecientes está el general retirado Mario Montoya Uribe, que comandaba la IV Brigada del Ejército durante la Operación Orión, realizada en octubre de 2002.

La decisión hace parte del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles. La Sala atribuyó provisionalmente los hechos a un patrón macrocriminal que habría operado entre 2001 y 2004.

Según el comunicado, ocho de los imputados pertenecieron al Ejército y cuatro a la Policía. La JEP señaló que los comparecientes podrán reconocer los hechos o controvertirlos con argumentos y pruebas. La imputación no constituye una condena.

La investigación identificó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 y zonas cercanas de Medellín. Entre las conductas registradas hay 87 víctimas de desaparición forzada, 80 homicidios, 289 desplazamientos forzados, 74 hechos de lesiones personales, 34 casos de tortura, siete víctimas de violencia sexual y 380 privaciones graves de la libertad.

La Sala también documentó persecución contra lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI). Los hechos están vinculados con las operaciones Otoño, Contrafuego, Metro, Mariscal y Orión, desarrolladas entre 2001 y 2003.

La JEP sostuvo que el patrón se apoyó en dos políticas articuladas. La primera consistió en la estigmatización de habitantes, jóvenes, comerciantes, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y familiares de presuntos milicianos, a quienes se habría presentado como integrantes o colaboradores de las extintas Farc-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP), sin una verificación suficiente.

La segunda se relaciona con una presunta política de no agresión, tolerancia o colaboración entre integrantes de unidades militares y policiales con el Bloque Cacique Nutibara (BCN), estructura paramilitar que estuvo bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.

Mario Montoya fue imputado por su posición de mando en la IV Brigada

La Sala imputó al general retirado Mario Montoya Uribe como autor por omisión impropia. Esta forma de responsabilidad no le atribuye haber ejecutado cada uno de los crímenes ni haber dado necesariamente una orden directa para cometerlos. La JEP sostiene que, por su cargo, tenía deberes de mando, control y protección que presuntamente incumplió.

Montoya era comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional durante los hechos centrales de la investigación. Bajo esa estructura actuaban o se articulaban el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Antioquia, el Batallón de Ingenieros No. 4 “Pedro Nel Ospina”, el Batallón de Infantería No. 32 “Pedro Justo Berrío” y dependencias de inteligencia como la sección B-2 de la Brigada.

La imputación se fundamenta en que Montoya habría omitido medidas para prevenir ataques contra civiles, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y otros delitos. También le atribuye una presunta falta de verificación de la información de inteligencia y de los señalamientos contra habitantes de la Comuna 13.

Para la Sala, el entonces comandante tenía una posición de garante frente a la población civil y las unidades bajo su control. Por ello, la decisión plantea que habría permitido, tolerado o no impedido la comisión de conductas criminales, pese a tener capacidad para intervenir.

La Operación Orión concentró parte de los hechos atribuidos

La Operación Orión se desarrolló entre el 16 y el 23 de octubre de 2002. Montoya dirigía la IV Brigada durante esa intervención, que incluyó despliegue de tropas, registros, allanamientos y acciones militares contra milicias urbanas.

La JEP documentó que, durante y después de la operación, se produjeron capturas masivas, detenciones arbitrarias, homicidios, lesiones a civiles, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos. La Sala también señaló que hubo registros y allanamientos basados en señalamientos que no contaban con una verificación adecuada.

De las 292 personas capturadas durante Orión, 248 no tenían orden de captura. A su vez, 144 fueron liberadas entre octubre de 2002 y enero de 2003 por falta de pruebas. Según la decisión, estos datos reflejan la fragilidad de parte de los señalamientos contra civiles.

La Sala agregó que algunas víctimas de desaparición fueron vistas por última vez bajo custodia estatal o luego de capturas en las que participaron unidades militares, policiales y paramilitares.

La JEP reconstruyó testimonios y otros elementos sobre la participación de integrantes o colaboradores del Bloque Cacique Nutibara (BCN) como guías, informantes y señaladores en operaciones oficiales. Entre los mecanismos descritos figuran la entrega de listados, fotografías y datos de personas señaladas como milicianas, así como la identificación de viviendas y habitantes durante intervenciones estatales.

La decisión también hace referencia a una lógica de coordinación territorial bajo la fórmula “usted entra y yo salgo”, además de presuntas acciones conjuntas en combates urbanos y falta de persecución efectiva contra las estructuras paramilitares.

Para sustentar la responsabilidad por omisión de Montoya, la Sala analizó la ubicación de al menos 13 bases de la IV Brigada, inmuebles arrendados mediante convenios con Metroseguridad y la distribución de tropas en el territorio. La JEP concluyó provisionalmente que la presencia paramilitar era visible, numerosa y permanente, por lo que las autoridades no habrían podido desconocer sus actividades.

El tribunal sostuvo que, tras Orión, el BCN consolidó presencia territorial, social, política y económica en la Comuna 13. De acuerdo con el comunicado, en ese periodo aumentaron homicidios, amenazas, desapariciones y desplazamientos contra personas consideradas opositoras o presuntas colaboradoras de las guerrillas.

Los otros once comparecientes fueron imputados por omisión y coautoría

Además de Montoya, fueron imputados como autores por omisión impropia el coronel retirado Bernardo Gutiérrez Camelo, exjefe de inteligencia B-2 de la IV Brigada; el coronel retirado Jairo Bocanegra de la Torre, excomandante del Batallón de Ingenieros No. 4; el brigadier general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; y el coronel retirado Álvaro Botero Mejía, quien fue subcomandante operativo de esa institución.

Como coautores fueron imputados el coronel retirado Juan Armando René Cadena Montenegro, excomandante del GAULA Militar Antioquia; el capitán retirado Carlos Mauricio Rojas Martínez, exjefe de inteligencia de esa unidad; el coronel retirado Julián Ernesto Cadena Castillo, vinculado al Batallón de Infantería No. 32; el coronel retirado Darío Enrique Cortés Castillo, excomandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 6; el mayor retirado Sergio Enrique Pérez García, encargado de operaciones de esa regional; y el sargento Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa, alias El Diablo, integrante del Cuerpo Élite Antiterrorista de la Policía.

El mayor retirado Jhon Jairo López Valencia, excomandante del Cuerpo Élite Antiterrorista, recibió una imputación mixta. La JEP lo señaló como coautor por homicidios ocurridos durante la Operación Contrafuego y como autor por omisión impropia frente a homicidios, lesiones, privaciones de la libertad y desaparición forzada vinculados con las operaciones Mariscal y Orión.

Los 12 comparecientes podrán reconocer responsabilidad por escrito y aportar información para el esclarecimiento de los hechos y la reparación de las víctimas. Si aceptan los cargos, la Sala podrá remitir el expediente al Tribunal para la Paz, que evaluará la imposición de sanciones propias de carácter restaurativo.

Si no reconocen los hechos, el caso podría pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde se abriría un proceso adversarial. De establecerse responsabilidad, las penas podrían llegar hasta 20 años de prisión.