La jueza octava administrativa de Cúcuta, Magda Yolima Prada Gómez, declaró en desacato y sancionó personalmente a cinco funcionarios de la Contraloría General de la República, entre ellos al contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, por no cumplir una orden de reactivar el concurso de méritos para proveer 3.144 cargos. La medida obliga a acatar de inmediato la sentencia y será revisada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, según reveló Cambio.
Además de Laverde, la decisión del miércoles 28 de octubre alcanzó al vicecontralor Francisco José Chaux Donado; la gerente de Talento Humano, Elizabeth Monsalve Camacho; el director jurídico, Miguel Ángel Mancera Villa; y la directora de Carrera Administrativa, Julieth Andrea Capera González.
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El juzgado concluyó que los funcionarios incumplieron la orden emitida el 6 de octubre, que exigía reactivar el proceso de selección y divulgar un nuevo cronograma dentro de las 48 horas posteriores a la notificación. La Contraloría General de la República recibió la sentencia el 7 de octubre.
La orden exigía publicar un calendario en 48 horas
La decisión judicial protegió los derechos de Mildrey Camargo Rodríguez, aspirante al concurso, luego de que la entidad suspendiera el proceso el 17 de septiembre. La Contraloría argumentó entonces que debía adoptar medidas para los participantes afectados por el terremoto del 10 de agosto.
Ese mismo 7 de octubre, el Consejo Superior de Carrera Administrativa aprobó un calendario que aplazaba hasta el 30 de octubre la publicación de la nueva programación. Para la jueza, esa determinación desconoció el mandato judicial y causó una demora sin justificación suficiente.
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El despacho consideró que la identificación de los aspirantes afectados por el sismo podía avanzar sin paralizar el resto del concurso. Según la providencia, la Universidad de Antioquia, contratada para desarrollar la selección, presentó desde el 7 de octubre dos alternativas para reanudar las actividades el 15 de octubre.
La jueza sostuvo que el Consejo Superior de Carrera Administrativa descartó la propuesta que permitía una reactivación más rápida, sin explicar de forma suficiente las razones de esa decisión.
Frente al contralor Laverde, el juzgado señaló que no impartió las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia, pese a su condición de superior jerárquico dentro de la entidad.
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En el caso del vicecontralor Chaux, la decisión indicó que presidió la sesión del 7 de octubre y suscribió el acto que postergó hasta el 30 de octubre la publicación del calendario.
La jueza sancionó también a Monsalve y Mancera porque votaron a favor del aplazamiento y no realizaron las gestiones necesarias para convocar a la Comisión de Personal, instancia que debe resolver las reclamaciones presentadas por los participantes.
Sobre Capera González, secretaria técnica del Consejo Superior de Carrera Administrativa, el despacho concluyó que no adelantó la publicación inmediata de una de las alternativas de cronograma remitidas por la Universidad de Antioquia.
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La Contraloría sostuvo durante el trámite que las decisiones buscaron proteger a los afectados por el terremoto y que no existió voluntad de desobedecer la orden judicial. La jueza descartó esa explicación como una razón suficiente para el incumplimiento.
Las reclamaciones pendientes también hacen parte de la controversia
La providencia señala que la Universidad de Antioquia ya había analizado el 99,2% de las 5.155 reclamaciones relacionadas con los puntajes de estudios y experiencia laboral. Pese a ese avance, la Contraloría no convocó a la Comisión de Personal para resolverlas.
El trámite de esas reclamaciones resulta necesario para consolidar los resultados del concurso y definir cuáles aspirantes podrán ocupar los cargos de carrera ofertados por la entidad de control.
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El juzgado ordenó a la Contraloría y a su Consejo Superior de Carrera Administrativa resolver y notificar las reclamaciones pendientes, además de garantizar un cronograma definitivo que permita concluir el proceso sin nuevas suspensiones.
La Universidad de Antioquia quedó excluida de las sanciones
La jueza exoneró al rector de la Universidad de Antioquia, Luqegi Gil Neira; a la decana Alexandra Fernández Rojas; y a Nancy Carmona Cardona y Jenny Paola Rodríguez Uribe.
Según el auto citado por Cambio, la universidad cumplió con las actividades a su cargo, avanzó en el estudio de las reclamaciones y presentó propuestas para retomar el concurso. El despacho señaló que sus directivos no tenían atribuciones para aprobar o modificar las decisiones del Consejo Superior de Carrera Administrativa de la Contraloría.
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La entidad publicó un nuevo cronograma el 16 de octubre, después del plazo de 48 horas fijado por el juzgado. Ese calendario prevé que los resultados definitivos de la evaluación de antecedentes se conozcan el 19 de noviembre y que los resultados consolidados se divulguen el 30 de ese mes. Las listas de elegibles están programadas para el 15 de enero de 2027.
No obstante, el auto del 28 de octubre sostuvo que la Contraloría no acreditó el cumplimiento efectivo de la sentencia. La jueza advirtió que podrá imponer nuevas multas si persiste el incumplimiento.
Las sanciones serán revisadas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Si la decisión queda en firme, los cinco funcionarios deberán asumirlas con recursos propios dentro de los 10 días siguientes.
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