Perfiles falsos y amenazas: así operaba una pareja que extorsionaba a sus víctimas con imágenes íntimas en San Andrés

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos personas señaladas de obtener contenido sexual mediante perfiles falsos y exigir dinero para no divulgarlo, una modalidad que habría afectado al menos a 14 habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el último año.

Los procesados fueron identificados como Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo, una pareja capturada en María La Baja, Bolívar, por integrantes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional. Una juez de control de garantías ordenó que permanezcan en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

La investigación de la Fiscalía estableció que los dos implicados presuntamente creaban cuentas falsas y contactaban a ciudadanos por aplicaciones de mensajería instantánea. Bajo esas identidades, buscaban generar confianza y persuadir a las víctimas para que enviaran fotos o videos de carácter íntimo.

Una vez obtenían el material, según el ente investigador, empezaban las exigencias económicas. Las amenazas consistían en difundir las imágenes en redes sociales, plataformas digitales y otros medios, si las personas afectadas no transferían las sumas solicitadas.

La investigación asoció 14 casos ocurridos en el último año

Las labores de análisis permitieron conectar 14 hechos que involucrarían a hombres y mujeres residentes en el archipiélago.

En algunos casos, los ahora procesados también habrían usado una segunda modalidad para presionar a ciudadanos. De acuerdo con la información oficial, también se presentaban como integrantes de estructuras delincuenciales con presencia en la isla y anunciaban supuestos atentados en caso de no recibir dinero.

Para realizar esos cobros, presuntamente empleaban distintas identidades y pedían consignaciones a billeteras virtuales vinculadas a líneas de telefonía celular. El mecanismo buscaba dificultar la identificación de quienes recibían los recursos y mantener la comunicación sin revelar su identidad real.

Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Ramírez Díaz y Pérez Morrillo por el delito de extorsión agravada. Los sindicados rechazaron los cargos durante las audiencias preliminares, aunque su responsabilidad deberá ser determinada dentro del proceso judicial y se mantiene la presunción de inocencia.

Cómo evitar el chantaje digital

El caso pone de nuevo sobre la mesa los riesgos de enviar material íntimo a personas cuya identidad no ha sido comprobada. La Policía Nacional advierte que los delincuentes pueden utilizar perfiles creados con fotografías ajenas, información tomada de cuentas públicas o imágenes obtenidas en otras plataformas para aparentar cercanía y ganar la confianza de sus objetivos.

Antes de compartir contenido de esta naturaleza, los ciudadanos pueden revisar si la cuenta tiene actividad consistente, contactos verificables y datos que permitan confirmar que pertenece a la persona con la que hablan. También se recomienda evitar publicar información sobre familiares, rutinas, ubicación, lugar de trabajo o datos financieros que puedan facilitar presiones posteriores.

La recomendación central de las autoridades es no enviar fotografías o videos íntimos a desconocidos, incluso si el contacto parece confiable. La Policía Nacional recordó que, una vez un archivo es enviado o almacenado en internet, la persona pierde buena parte del control sobre su circulación.

Las autoridades recomiendan no pagar y conservar las pruebas

Quien reciba amenazas debe evitar negociar, realizar transferencias o acceder a nuevas exigencias. En su lugar, puede guardar capturas de pantalla de los mensajes, enlaces de los perfiles, números telefónicos, comprobantes de pago y cualquier otro dato que permita identificar la cuenta desde la que se produjo el contacto.

También resulta importante reportar los perfiles en las plataformas digitales y comunicar el caso a una persona de confianza, especialmente cuando la amenaza genera miedo. Las autoridades insisten en que el chantaje debe denunciarse y que el pago no garantiza la eliminación del material ni el final de las intimidaciones.

La Policía Nacional recomienda acudir a la línea gratuita 165 del Gaula ante cualquier caso de extorsión o amenaza relacionada con imágenes íntimas.