Ocho capturados y seis unidades mineras destruidas en operativos contra el Clan del Golfo en Córdoba y Sucre

La fuerza pública capturó a ocho personas por presunta minería ilegal, destruyó seis unidades de producción minera e inmovilizó dos máquinas amarillas durante operaciones en Tierralta, Córdoba, y Morroa, Sucre. Según las autoridades, los procedimientos buscaron afectar las finanzas del Clan del Golfo.

La Armada Nacional informó el 29 de octubre que las operaciones se realizaron con participación del Batallón de Infantería de Marina No. 14, el Batallón de Infantería No. 33 “Junín” del Ejército Nacional, los Carabineros de la Policía Nacional y, en uno de los casos, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los ocho detenidos deberán responder, de manera preliminar, por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, previsto en el artículo 332 del Código Penal colombiano. Tanto los capturados como la maquinaria inmovilizada quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Seis unidades mineras fueron destruidas en una zona rural de Tierralta

El primer operativo tuvo lugar en el corregimiento Volador, en el municipio de Tierralta, Córdoba. Allí, las tropas capturaron a dos personas en flagrancia y ubicaron seis Unidades de Producción Minera (UPM) que, de acuerdo con el reporte oficial, funcionaban sin autorización.

Las autoridades destruyeron las estructuras de manera controlada. El objetivo de la intervención fue reducir la capacidad operativa de la subestructura Javier Yepes Cantero, una facción que, según la Armada, pertenece al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo y tiene presencia en esa región del departamento.

La minería ilegal representa una fuente de ingresos para organizaciones armadas y redes criminales que controlan actividades de extracción, transporte y comercialización de minerales. En este caso, las instituciones no precisaron qué tipo de mineral se extraía en las unidades destruidas ni revelaron el valor de la infraestructura intervenida.

El operativo se concentró en una zona rural de Tierralta, municipio que ha sido escenario de acciones de la fuerza pública contra estructuras armadas y economías ilegales. Las autoridades sostienen que estas actividades afectan las condiciones de seguridad de las comunidades y generan daños sobre los recursos naturales.

En Morroa detuvieron a seis personas e inmovilizaron maquinaria amarilla

La segunda operación se desarrolló en Morroa, Sucre, donde miembros de la Infantería de Marina y del Ejército Nacional actuaron con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía. Durante el procedimiento, los uniformados capturaron a seis personas e inmovilizaron dos unidades de maquinaria amarilla que presuntamente eran usadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Según la información preliminar entregada por la Fuerza Naval del Caribe, los detenidos también tendrían vínculos con el Clan del Golfo. Esa relación deberá establecerse dentro de los procesos judiciales correspondientes.

La maquinaria amarilla suele ser empleada para remover tierra, modificar cauces, abrir accesos y extraer material del subsuelo. Su uso en actividades sin los permisos ambientales y mineros requeridos puede generar alteraciones en los suelos, afectar fuentes hídricas y deteriorar áreas cercanas a las zonas de explotación.

Las autoridades no precisaron el tipo ni la capacidad de las máquinas inmovilizadas en Morroa. Tampoco informaron si durante el procedimiento hallaron insumos, combustible, armas o elementos adicionales asociados con la operación minera.

Las autoridades apuntan contra las rentas ilegales del Clan del Golfo

La Armada señaló que los procedimientos formaron parte de las acciones dirigidas a limitar las economías ilícitas atribuidas al Clan del Golfo en el Caribe colombiano. La institución indicó que la explotación ilegal de minerales permite obtener recursos que pueden ser destinados a sostener estructuras criminales en distintas zonas del país.

Los operativos en Córdoba y Sucre ocurrieron tres días después de otra intervención contra la minería ilegal en Chocó. El 26 de octubre, las autoridades informaron que inutilizaron ocho dragas artesanales y seis motores en una zona rural de Quibdó, en la subregión del Atrato.

En aquel procedimiento no hubo capturas reportadas. La Armada estimó que las estructuras intervenidas tenían capacidad para producir cerca de 12.000 gramos de oro al mes, con rentas mensuales que superarían los $4.800 millones, de acuerdo con los cálculos oficiales.

Las dragas localizadas en Chocó eran usadas para remover sedimentos y extraer oro de forma ilegal, según el reporte de las Fuerzas Militares. Las autoridades advirtieron que esa práctica puede contaminar ríos y quebradas, deteriorar los suelos y alterar ecosistemas de los que dependen comunidades rurales.

Con las capturas en Tierralta y Morroa, la Brigada de Infantería de Marina No. 1 señaló que mantendrá las operaciones conjuntas con Ejército, Policía y Fiscalía para intervenir infraestructuras y equipos vinculados con la minería ilegal en Córdoba, Sucre y otras zonas del Caribe colombiano.