El Pacto Histórico negó un arreglo con el uribismo por el expediente de masacres de La Granja y El Aro contra Álvaro Uribe: “No existe acuerdo político”

El Pacto Histórico salió a aclarar su posición frente al proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez después de que surgieran señalamientos sobre un supuesto acuerdo político entre integrantes de esa colectividad y sectores cercanos al uribismo en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La controversia está relacionada con la discusión sobre cuál entidad debe tener la competencia para continuar con el expediente por unas masacres ocurridos en La Granja y El Aro, en Antioquia.

La relación del Pacto Histórico con la controversia se origina en su participación dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, célula legislativa que intervino en la disputa institucional después de que su presidente, el representante Carlos Cuenca, del Partido Cambio Radical, solicitara formalmente a la Fiscalía General de la Nación el traslado del expediente contra el expresidente Uribe al Congreso.

La solicitud de Cuenca se sustentó en el argumento de que la Comisión de Acusación es el juez natural para adelantar procesos contra exmandatarios de la República por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones públicas. En este caso, la discusión adquirió relevancia porque Álvaro Uribe ocupaba el cargo de gobernador de Antioquia cuando ocurrieron los hechos violentos en La Granja, en 1996, y El Aro, en 1997.

La actuación de la Comisión abrió una discusión sobre la competencia entre el órgano legislativo y la Fiscalía. En ese escenario, la posición de integrantes del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión fue objeto de cuestionamientos y de interpretaciones sobre un eventual entendimiento con sectores del uribismo. La bancada respondió a esas versiones y aseguró que no existe ningún acuerdo político relacionado con el caso.

El Pacto Histórico negó cualquier acuerdo político

En medio de las reacciones generadas por la actuación de la Comisión de Acusación, los representantes del Pacto Histórico que integran esa célula legislativa publicaron un comunicado para precisar su posición y responder a las solicitudes de aclaración formuladas por distintos sectores.

La bancada aseguró de manera expresa que su postura no constituye un acuerdo con el uribismo ni supone un entendimiento que pueda comprometer el desarrollo de las investigaciones: “No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”.

Según el comunicado, los integrantes del Pacto Histórico inicialmente consideraron que resultaba pertinente determinar cuál era la autoridad competente para adelantar la investigación. Sin embargo, aseguraron que “ante la controversia pública generada y los señalamientos que han pretendido presentar esta actuación como una forma de complicidad o favorecimiento a la impunidad, queremos despejar cualquier duda: respaldamos que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”.

De esta manera, la bancada diferenció la discusión sobre la competencia institucional de la continuidad de las diligencias judiciales. En el documento, los representantes señalaron que establecer cuál es la autoridad competente constituye una garantía para el desarrollo del proceso, pero sostuvieron que esa controversia no debe impedir el avance de las actuaciones.

Una decisión en manos de la Corte Constitucional

La fiscal Marcela Abadía continuará con el desarrollo de las diligencias del expediente, de acuerdo con el cronograma establecido por su despacho, mientras la Corte Constitucional estudia el conflicto de competencias planteado entre las instituciones: “Definir con claridad la autoridad competente es una garantía para la propia investigación, pero esa discusión procesal no puede convertirse en motivo para detenerla o dilatarla”.

El pronunciamiento de la Fiscalía está relacionado con una investigación que busca establecer las circunstancias que rodearon las masacres de La Granja y El Aro y determinar si existieron posibles omisiones en la protección de la población civil por parte de las autoridades departamentales.

Los hechos ocurrieron cuando Álvaro Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia. En junio de 1996, una incursión de grupos paramilitares tuvo lugar en el corregimiento de La Granja, mientras que en octubre de 1997 se produjo otra incursión en El Aro. Ambos corregimientos pertenecen al municipio de Ituango.

Los ataques dejaron varios pobladores muertos, desplazamientos forzados de familias y daños materiales en la infraestructura rural de la zona. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en los hechos relacionados con ambas masacres y por la falta de protección a las víctimas.

Las autoridades judiciales indagan si durante los hechos pudieron presentarse omisiones en las obligaciones de protección de la población civil o algún tipo de responsabilidad atribuible a las autoridades departamentales frente a las acciones de los grupos armados ilegales.

La indagatoria presencial del expresidente Álvaro Uribe continúa programada para el 4 de septiembre de 2026 en el búnker de la Fiscalía, diligencia que hace parte del cronograma establecido por el despacho de la fiscal Marcela Abadía.

Si la Corte Constitucional determina que la competencia corresponde al Congreso de la República, el expediente deberá ser enviado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se designen los congresistas encargados de adelantar la investigación correspondiente.

En cambio, si el alto tribunal determina que la Fiscalía General de la Nación conserva la competencia, Marcela Abadía continuará al frente de las diligencias y, posteriormente, definirá la situación jurídica del procesado de acuerdo con las actuaciones que correspondan.