Ejército rescató a 17 secuestrados en La Guajira por conflicto entre clanes indígenas: una bebé murió por deshidratación

En una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación, oficiales del Ejército Nacional rescataron a 17 personas, entre ellas siete menores de edad, que permanecían secuestradas desde el 14 de junio de 2026 en zona rural de Riohacha, La Guajira.

Las víctimas, pertenecientes a la comunidad indígena Shapurale, habrían quedado retenidas en medio de un conflicto entre clanes familiares, situación que se agravó durante más de ocho días sin acceso a alimentos ni agua potable.

El operativo se activó tras la denuncia de familiares ante las autoridades y, al llegar a la zona, las tropas fueron recibidas con disparos, por lo que fue necesario controlar la situación antes de asegurar el lugar.

Durante el rescate, se halló a una niña de 10 años con heridas por arma de fuego y se reportó el fallecimiento de una bebé de cuatro meses, presuntamente por deshidratación. Las autoridades informaron que varias de las personas liberadas presentaban signos de deshidratación y requerían atención médica urgente.

" Luego de que se rompen las, los diálogos y no se puede llegar al corredor humanitario establecido, se reporta que hay una menor herida por arma de fuego y el fallecimiento de una menor de edad. Se procede a la acción militar con contundencia donde nuestro Gaula Militar logra la liberación de diez adultos y siete menores de edad. Estos son puestos a disposición de las autoridades competentes“, confirmó el coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militar del departamento.

En el procedimiento fueron incautadas dos pistolas con su respectiva munición, que quedaron a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

“En esta operación se desarrolla un combate de encuentro donde se obtiene también como resultado la incautación de material de guerra y municiones e intendencia puesta a disposición de las autoridades competentes”, informó el uniformado.

El Ejército Nacional y la Fiscalía reiteraron su compromiso con la protección de las comunidades y el restablecimiento de los derechos de las víctimas en regiones afectadas por conflictos internos.

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín tras más de un año de secuestro en Arauca

En cuanto a secuestros, unas semanas atrás se conoció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó la liberación de Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, que permanecieron en cautiverio por más de un año en una zona rural de Tame, Arauca.

Los uniformados fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 mientras desarrollaban labores de investigación criminal y estuvieron bajo custodia del Frente de Guerra Oriental, liderado por Manuel Vásquez Castaño.

Según el comunicado del grupo armado, la liberación se concretó el 16 de junio de 2026, tras considerar “cumplida” una pena impuesta de manera unilateral, una práctica al margen de la ley y sin reconocimiento oficial por parte del Estado colombiano.

Durante su cautiverio, los agentes enviaron mensajes públicos suplicando acciones para su liberación. En una prueba de supervivencia difundida en abril, Franque Esley Hoyos Murcia pidió empatía a las autoridades: “No solo nosotros sufrimos, sufre también nuestra familia, señor presidente, póngase en nuestros zapatos, póngase la mano en el corazón, sea solidario con nosotros, tenga empatía”.

Por su parte, Yordin Fabián Pérez Mendoza exigió su liberación y denunció las condiciones de su secuestro: “Nosotros no somos máquinas, ni somos unos perros, ni unos animales, porque hasta los animales tienen derechos”.

A pesar de este regreso, otros funcionarios públicos permanecen privados de la libertad en poder del ELN. Entre ellos se encuentran Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca.

El grupo armado ha comunicado que continuará en cautiverio y que enfrentará supuestas penas de entre 55 y 60 meses de privación de libertad, impuestas tras su captura.