
La Fiduprevisora suspendió un contrato de más de $33.000 millones para equipos de cómputo que presuntamente estaba previsto para adjudicarse el lunes festivo 29 de junio a la medianoche.
La decisión se conoció después de una advertencia preventiva de la Procuraduría General de la Nación sobre fallas advertidas en la etapa precontractual de la Invitación Abierta No. 004 de 2026, según pudo conocer El Tiempo.
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La suspensión se produjo después de que la entidad exhortara a la Fiduprevisora S.A. para detener el trámite, terminarlo de manera anticipada y revisar posibles causales de nulidad del negocio jurídico.
De acuerdo con el oficio del ente de control y la documentación revisada en Secop II, citado por el medio mencionado, había alertas por la falta de publicidad de los estudios previos y del análisis de mercado, además de una posible doble valoración de la experiencia.
La gerente de Adquisiciones y Contratos de Fiduprevisora S.A., Estefanía Gutiérrez Arcila, firmó el miércoles 24 de junio la comunicación que informó la suspensión.
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La decisión se habría conocido cuando el proceso estaba en su tramo final. El comunicado de la entidad señaló que la suspensión cobijó la Invitación Abierta No. 004 de 2026, destinada al arrendamiento de equipos de cómputo de escritorio y portátiles como servicio, con instalación, configuración, soporte técnico, mantenimiento, garantía, ingeniería en sitio y mesa de servicios.
La Fiduprevisora indicó que adoptó la medida con base en su manual interno de contratación y en los términos de referencia, que le permiten interrumpir el trámite en cualquier etapa.
Las advertencias de la Procuraduría sobre el proceso
En el radicado E-2026-325100, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió sobre riesgos en un contrato por $33.127.881.408.
El documento fue dirigido al presidente de Fiduprevisora, Diego Andrés Salcedo Monsalve, y a Gutiérrez Arcila.
Según el oficio citado por El Tiempo, al ente de control le resultó inquietante la omisión de publicidad del análisis de mercado y de los estudios previos, que sirven de respaldo a la etapa precontractual.
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La Procuraduría advirtió: “Posiblemente se configura una transgresión a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad”. El oficio también alertó sobre la forma en que se valoró la experiencia de los oferentes.
“Se asignan cuarenta (40) puntos a la acreditación de experiencia específica adicional, lo que representa un porcentaje alto dentro de la calificación total prevista para el proceso, situación que se reviste como una doble valoración de la experiencia requerida, dado que esta ya fue requerida como requisito técnico habilitante”, señaló la Procuraduría, según recogió el diario.
Las objeciones sobre requisitos e indicadores financieros
Además de las alertas del Ministerio Público, en Secop II aparecieron observaciones de empresas y de una veeduría sobre la coherencia entre los indicadores financieros exigidos y los resultados del estudio de mercado.
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Entre los reparos también figuraban la falta de publicación de la metodología financiera y del análisis de pluralidad de oferentes. Según el periódico, ya se habían presentado dos proponentes: Ricoh Colombia S.A.S. y Nueva Era Soluciones (NES S.A.S.). El medio señaló que Ricoh estaba establecida en Bogotá desde 2014 y que NES tenía sede en Cota, Cundinamarca.
En el documento de respuesta a observaciones de Fiduprevisora, la Veeduría Transparencia y Firmeza contra la Corrupción sostuvo que la contestación de la entidad fue “insuficiente, evasiva y carente de soporte técnico verificable”.

La veeduría cuestionó la estructuración de los indicadores financieros habilitantes incorporados mediante Adenda No. 2 y los requisitos restrictivos introducidos mediante Adenda No. 3.
Ese mismo escrito señaló que la entidad se amparó en su autonomía contractual y en su manual interno sin aportar, según la veeduría, soporte financiero, estudio sectorial o análisis metodológico que permitiera verificar las razones de esos requisitos. Los observantes objetaron la falta de sustento técnico sobre la pluralidad de oferentes, según conoció el medio mencionado.
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La respuesta de Fiduprevisora y la situación del contrato
Consultado por El Tiempo, el presidente de Fiduprevisora S.A. Diego Andrés Salcedo Monsalve aseguró que la entidad ya respondió a las advertencias de la Procuraduría.
“Enviamos la documentación requerida, como el análisis de mercado y los estudios previos, aunque en la entidad tengamos un manual de contratación interno”, dijo al diario.
Salcedo agregó que la entidad sostuvo una mesa técnica virtual el jueves 25 de junio con el procurador delegado Marcio Melgosa.
Según esa versión, Fiduprevisora quedó a la espera de una respuesta del Ministerio Público para decidir si reanuda el proceso. El comunicado de suspensión no fijó fecha de reinicio ni expuso las razones de fondo de la decisión. Por ahora, la adjudicación prevista sigue detenida mientras avanza la revisión del proceso.
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