
La primera reunión coordinada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de recibir la credencial que lo acredita como nuevo jefe de Estado fue con las altas cortes. La jornada comenzó sobre las 10:30 a. m., cuando el mandatario electo inició una ronda de encuentros con representantes de la Rama Judicial acompañado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y miembros de su equipo de trabajo.
De acuerdo con la información conocida, el primer encuentro se realizó con la Corte Constitucional y posteriormente se desarrolló una reunión con la Corte Suprema de Justicia. Las visitas hicieron parte de una agenda institucional orientada a establecer contactos iniciales con los distintos órganos del poder público antes de la posesión del nuevo gobierno.
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Durante la visita a la Corte Suprema de Justicia, el vicepresidente de la corporación, el magistrado Hugo Quintero Bernate, recibió al presidente electo y al vicepresidente electo en una reunión que las propias cortes calificaron como un encuentro “informal”.
Según informó la corporación judicial, “el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Hugo Quintero Bernate, recibió en visita informal al electo presidente de la República Abelardo de La Espriella quien expresó su disposición de establecer las mejores relaciones con la Rama Judicial en el marco de la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público. También asistió el electo vicepresidente José Manuel Restrepo”.
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Las altas cortes señalaron que se trató de una visita en la que el presidente electo pasó a saludar a los magistrados como parte de sus primeros acercamientos institucionales tras los resultados electorales.
La ronda de reuniones se produjo en un momento de transición entre administraciones y en medio de expectativas sobre la relación que mantendrá el nuevo Ejecutivo con las diferentes instancias judiciales del país.
Expectativas frente a la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial

La reunión entre el presidente electo y los representantes de las altas cortes ocurre en un contexto en el que distintos sectores han destacado la importancia de mantener canales de diálogo institucional entre las ramas del poder público.
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En ese sentido, se espera que la relación entre el nuevo Gobierno y las cortes se caracterice por una mayor cercanía institucional, teniendo en cuenta la relevancia de preservar la confianza ciudadana en las instituciones, así como el respeto por la independencia judicial y por las decisiones de los órganos encargados de administrar justicia.
La referencia a la colaboración armónica entre las ramas del poder público, mencionada durante la visita, se enmarca en los principios establecidos por la Constitución Política para la interacción entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial, cada uno dentro de sus competencias y funciones.
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Antecedentes de los choques entre el gobierno saliente y las cortes

Las reuniones también tienen lugar después de un periodo marcado por diversas controversias entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las altas cortes. Durante los últimos años, varias decisiones judiciales generaron debates públicos y diferencias entre el Ejecutivo y distintos órganos de la Rama Judicial.
Entre los episodios más relevantes estuvieron fallos que limitaron las alocuciones presidenciales, órdenes de rectificación emitidas por autoridades judiciales, la suspensión de un decreto relacionado con la convocatoria de una consulta popular y decisiones que frenaron la entrada en vigor de la reforma pensional impulsada por el Gobierno.
A medida que se acumulaban estos acontecimientos, se configuró un escenario de tensión institucional que tuvo repercusiones en el debate público nacional. Uno de los momentos de mayor controversia ocurrió cuando el presidente Petro cuestionó públicamente la legitimidad de decisiones judiciales relacionadas con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y volvió a plantear la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente.
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La discusión sobre el alcance de las competencias de cada rama del poder público terminó ocupando un lugar central en la agenda política del país, especialmente en torno a la interpretación de la Constitución y a los mecanismos para impulsar cambios institucionales.
Un antecedente particularmente relevante se presentó en 2025, cuando el entonces presidente Petro insistió con mayor fuerza en promover una asamblea nacional constituyente. La propuesta abrió un amplio debate en distintos escenarios políticos, jurídicos y académicos, al involucrar directamente la posibilidad de modificar la Constitución de 1991.
El debate involucró a sectores políticos, académicos y expertos en derecho constitucional, quienes analizaron las implicaciones jurídicas y políticas de una eventual modificación del texto constitucional vigente. En ese contexto, la relación entre el Gobierno y las altas cortes se convirtió en uno de los temas más observados dentro de la vida institucional del país.
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