Álvaro Uribe aseguró que la fiscal que lo llamó indagatoria está confabulada con la fiscal General: “Quieren es llevarme a morir en una cárcel”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció que su citación a indagatoria para el 24 de junio de 2026, por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en la década de 1990, responde a una secuencia que, según él, busca llevarlo a prisión antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro.

En entrevista con La FM, Uribe sostuvo que la Fiscalía activó decisiones en pleno calendario electoral y que lo hizo sin practicar pruebas que, afirmó, ya estaban decretadas.

El dato que Uribe puso en el centro de su defensa fue temporal y procesal: sostuvo que lo llamaron “a dos días de elecciones” y que primero lo citaron sin fecha, mientras la fijación formal quedó para finales de junio, pese a que, según su versión, todavía no se habían practicado diligencias ordenadas por la propia Fiscalía.

En la misma entrevista, el exmandatario vinculó esa actuación con una supuesta presión política e institucional. Señaló a la fiscal general por su cercanía con Iván Velásquez, mencionó a la fiscal del caso por su paso por la JEP y agregó que existía una presión de Eduardo Montealegre para que se tomara una decisión en una denuncia que lleva décadas abierta.

Uribe también extendió esa lectura al caso de su hermano Santiago Uribe, condenado por la justicia colombiana. “Santiago, mi hermano, es un hombre honesto. Yo creo que esto es lo más injusto del mundo”, dijo, antes de afirmar que su defensa busca “pruebas sobrevinientes”.

Uribe dijo que la Fiscalía lo citó sin agotar pruebas y que busca dictarle una captura

Durante la conversación con el medio de comunicación, Uribe aseguró que la entrevista de Salvatore Mancuso entregada por su defensa a la Fiscalía todavía no había sido incorporada mediante testimonio formal. “La Fiscalía lo cita a un testimonio, ni siquiera lo han escuchado y estoy yo hoy llamado a indagatoria”.

Ese punto fue el soporte de su acusación más grave sobre el trámite judicial. “Lo que quieren es llevarme a morir en una cárcel”, dijo, y añadió que la fiscal del caso y la fiscal general estarían “empeñadas” en ponerlo preso.

Uribe fue más allá y sostuvo que recibió advertencias sobre una eventual orden de captura. “Lo que se anuncia desde la Fiscalía, porque a uno lo llama mucha gente, es que la fiscal y la vicefiscal están en el plan de dictarme orden de captura”, afirmó. Acto seguido, agregó que esa decisión podría llegar “el mismo día de la indagatoria” mediante una medida de aseguramiento.

El líder natural del Cnetro Democrático, afirmó que el ente investigativo reactivó un expediente abierto desde 1997 en medio del calendario electoral. Dijo que la consecuencia buscada es una orden de captura o una medida de aseguramiento, y atribuyó esa posibilidad a una articulación entre la Fiscalía, la JEP, Iván Velásquez, Gustavo Petro y Eduardo Montealegre.

Una parte de la entrevista giró sobre el asesinato de Jesús María Valle y la versión de que Uribe habría creado un ambiente hostil contra él. El expresidente respondió que esa imputación le produce dolor y sostuvo que nadie puede probar que haya amenazado a un contradictor en toda su trayectoria política.

Para refutar esa línea, recordó que viajó con Valle a Ituango y que lo vinculó a la idea de “neutralidad activa” para esa comunidad. También dijo que nunca lo consideró un enemigo y que el único episodio de confrontación que admite fue un reproche por los cuestionamientos de Valle al general Ospina, entonces comandante de la cuarta brigada.

Su argumento central fue que la defensa pública de un general no puede convertirse en prueba de instigación criminal. “¿Cómo puede tener eso al alcance de crear que un mal ambiente que propició el asesinato del doctor Jesús María Valle?”, planteó.

Al abordar la masacre de El Aro, Uribe afirmó que la investigación lleva abierta desde hace casi 30 años y que nunca produjo una prueba directa en su contra. Según dijo, ahora se intenta reemplazar esa falta de hallazgos con una “teoría del dominio” según la cual él controlaba lo ocurrido en Antioquia.

En ese tramo de su defensa, describió la información que dice haber recibido antes de la masacre: un reporte de Teleantioquia sobre una posible colusión entre soldados y paramilitares en Ituango. Contó que esa información fue remitida al general Ospina, que respondió públicamente que había verificado el hecho y no lo había encontrado, y que después ocurrió la matanza.

Uribe negó que esa secuencia lo convierta en omisivo. “¿Omiso de qué? Yo realizaba un consejo de seguridad todos los días”, afirmó, y detalló que en esas reuniones participaban la Procuraduría, la Fiscalía, jueces, alcaldes y la Defensoría del Pueblo.

También rechazó uno de los puntos que suele aparecer en las acusaciones sobre logística aérea. Dijo que la Gobernación de Antioquia tenía dos helicópteros, uno destinado a salud y otro para uso del despacho, y remarcó que ambos estaban administrados por el servicio de salud, no por la oficina del gobernador.

Según su relato, los pilotos declararon que no realizaron vuelos a la zona el día de la masacre y que la bitácora fue verificada por la Aeronáutica Civil. “Jamás en mi vida he tratado de alterar un documento público”, sostuvo.