Juez avaló allanamiento de Olmedo López y avanzará hacia una sentencia anticipada por el caso de corrupción en la Ungrd

Un juez avaló el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en esa entidad. Con esta decisión, quedó formalizada la aceptación de responsabilidad del exfuncionario por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, paso que abre la puerta a una sentencia anticipada.

La determinación se produjo durante una diligencia judicial en la que López reiteró su voluntad de reconocer los hechos investigados y ratificó su disposición de seguir colaborando con las autoridades.

El exdirector de la Ungrd también manifestó que continuará aportando información y pruebas relacionadas con las investigaciones que se derivan del caso. “Sí, su señoría, los acepto de manera libre, voluntaria, consciente e informada, como lo he manifestado durante los primeros días en los que me acerqué a la fiscal general de la Nación”, expresó López al responder las preguntas formuladas durante la audiencia.

El exfuncionario indicó además que nadie lo obligó ni ejerció presión alguna para aceptar los cargos. Asimismo, respondió afirmativamente cuando el juez le preguntó si comprendía que los delitos por los cuales aceptó responsabilidad podrían derivar en una pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La colaboración de Olmedo López con la Fiscalía

Olmedo López permanece privado de la libertad desde septiembre de 2024 y se ha convertido en una de las principales fuentes de información para la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones relacionadas con el presunto saqueo de recursos de la Ungrd.

La información entregada por el exdirector ha servido para impulsar procesos y abrir líneas de investigación contra varios exfuncionarios y dirigentes políticos. Entre ellos figuran los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco.

La lista también incluye al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán, actualmente prófugo de la justicia; al exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo; a la ex consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz; y al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien también es buscado por las autoridades.

Las investigaciones alcanzan igualmente a varios congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público durante 2023. Entre ellos se encuentran Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes ya fueron llamados a juicio. Asimismo, la senadora Martha Peralta fue escuchada recientemente en diligencia de indagatoria.

López cuenta con un principio de oportunidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad en documento público, por lo que será uno de los principales testigos de la Fiscalía en los procesos que se adelantan contra otros implicados en el caso.

Los contratos que originaron el escándalo

En el escrito de acusación radicado por la Fiscalía General de la Nación en abril de 2025, el ente investigador sostuvo que López participó en el direccionamiento irregular de contratos mientras ejercía funciones como director de la Ungrd y ordenador del gasto de la entidad. Uno de los principales hechos investigados corresponde a la orden de proveeduría 192 de 2023, relacionada con la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable para comunidades indígenas de La Guajira. El contrato superaba los $48.000 millones.

Según la Fiscalía, el entonces director habría favorecido a un contratista específico mediante el direccionamiento del proceso contractual. La investigación sostiene que esta actuación produjo beneficios económicos para varios involucrados en la estructura de corrupción detectada dentro de la entidad.

De acuerdo con el ente acusador, López recibió una dádiva de $724 millones que incrementó de manera irregular su patrimonio, mientras que otros recursos terminaron en manos de terceros vinculados al esquema investigado.

La Fiscalía también estableció que el detrimento patrimonial derivado de estas actuaciones alcanzó los $13.340 millones, recursos que habrían sido distribuidos entre otras personas relacionadas con el entramado de corrupción. Según las investigaciones, parte de esos recursos fueron utilizados presuntamente para entregar sobornos a congresistas con el objetivo de impulsar iniciativas legislativas del Gobierno nacional.

Dentro de este capítulo del proceso han sido mencionados los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.

Durante el proceso judicial, Olmedo López aceptó su responsabilidad en los hechos de corrupción que le atribuye la Fiscalía y procedió a devolver los recursos que, según la investigación, recibió de manera indebida.

El exdirector de la entidad reintegró los $724 millones que habría obtenido de forma irregular mediante el direccionamiento de contratos de obra e interventoría. La devolución se realizó por cuotas durante 2025 y la totalidad de los recursos fue recibida por la Fiscalía General de la Nación.