El Informe Anual 2025 de Amnistía Internacional (AI), divulgado el martes 21 de abril de 2026, presentó una radiografía alarmante sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y cuestionó los resultados de la llamada política de Paz Total impulsada por la administración de Gustavo Petro.
Según la organización, el pasado año se convirtió en el periodo más violento para las personas defensoras de derechos humanos bajo el actual gobierno, con 165 asesinatos documentados.
Durante los mandatos anteriores, los informes de AI generaban divisiones. El expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó a acusar a la organización de actuar con “sesgos ideológicos” y “complacencia” hacia grupos armados ilegales, sugiriendo que sus reportes “inventaban justificaciones” para criticar a la Fuerza Pública y al Estado.
Por el contrario, figuras opositoras como Gustavo Petro e Iván Cepeda valoraban esos informes como evidencia de una “guerra sucia” contra sectores civiles y movimientos de izquierda, insistiendo en que sus conclusiones reflejaban con crudeza la violencia política.
Hoy, ya en la Presidencia, el Gobierno Petro enfrenta el escrutinio de la organización internacional. El informe de AI no solo pone en el centro de la discusión la gestión del jefe de Estado y la estrategia de Paz total, sino que también cuestionó la ausencia de garantías plenas de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas en los escenarios de negociación.
Además, destacó un incremento de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y fuerzas estatales, en un contexto marcado por violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
El documento advirtió, a escala global, sobre un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos, el debilitamiento de las reglas internacionales y la expansión de regímenes autoritarios.
La organización señaló que “los bienes comunes de la humanidad fueron presa de depredadores voraces” durante 2025, mencionando a líderes mundiales como Trump, Putin y Netanyahu por promover agendas de dominio económico y político mediante el uso de la fuerza y la represión.
Colombia y Venezuela figuran entre los países de mayor preocupación para la entidad. AI subraya que ambos territorios se han convertido en regiones peligrosas para quienes defienden derechos humanos.
El informe abordó el caso de Yendri Velásquez, activista venezolano que, tras sufrir detención arbitraria y desaparición forzada en su país, fue víctima de un atentado en Bogotá junto con otro connacional. Amnistía resaltó que los obstáculos administrativos para el reconocimiento del estatus de refugiado en Colombia agravan los riesgos para las personas defensoras.
En el plano nacional, el informe puso foco en los 165 homicidios de líderes sociales, el mayor registro bajo la gestión actual, según datos del Programa Somos Defensores.
Valentina Ballesta, directora de investigación de AI, afirmó que “es inaceptable que en un país maten cada semana a tres personas por defender derechos”.
La organización denuncia fallas en la política de protección del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, así como una respuesta estatal fragmentada y la falta de implementación de la Política Pública Integral de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos exigida por la Corte Constitucional.
El análisis también revela 14 zonas en disputa entre grupos armados, el doble que al inicio del actual mandato, según la Fundación Ideas para la Paz.
La ONU reportó 2.794 hechos de violencia en 2025, de los cuales 1.390 afectaron directamente a civiles, impactando a más de 1,6 millones de personas.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) documentó 139 desplazamientos masivos y 80 confinamientos, mientras el conflicto en Catatumbo obligó a huir a 82.000 personas.
El impacto en la niñez es igualmente grave: la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado registró 196 incidentes que afectaron a más de 364.000 menores, incluyendo 172 reclutamientos. Además, se reportaron 7.728 víctimas de artefactos explosivos y el asesinato de 39 excombatientes del Acuerdo de Paz 2016, mientras la Corte Constitucional advierte sobre su situación de riesgo.
Las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes continúan entre las más golpeadas por la violencia, al igual que los periodistas, con 468 ataques en 2025, y las mujeres, con 609 feminicidios.
El informe también denuncia barreras para el acceso a la salud y derechos reproductivos, y limita la protección social en el contexto migratorio, donde más de 2,8 millones de venezolanos enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
AI concluye que, pese a los esfuerzos del Gobierno, los avances resultan insuficientes frente al aumento de violencia, desigualdad y falta de garantías.
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