Voceros oficiales de la Procuraduría General de la Nación anunciaron este viernes, 17 de abril de 2026, la reapertura de la investigación disciplinaria por la controversial fiesta vallenata que se realizó en las instalaciones de la cárcel de Itagüí, el 8 de abril de 2026, en la que participaron los denominados capos de Medellín y centenares de internos.
Pese a que el jueves, 16 de abril, desde el Ministerio Público se informó que se levantó la suspensión provisional contra los 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que facilitaron la celebración, dicha medida fue anulada.
De hecho, la nueva disposición eleva a 12 el número de servidores de la entidad implicados y suspendidos por las presuntas irregularidades en el manejo de la institución. De la misma manera, el proceso ahora incluirá al director encargado, Fabián Leandro León Rodríguez, sobre quien pesa una nueva acusación por posible falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la información oficial, desde la Procuraduría se declaró la nulidad de las actuaciones adelantadas hasta el momento tras identificar fallas en los requisitos sustanciales del auto de apertura original que habrían afectado el debido proceso y los derechos fundamentales de los investigados.
Grabaciones en redes muestran a Nelson Velásquez actuando ante internos y cabecillas, mientras las autoridades investigan el ingreso de licor y la suspensión de las negociaciones de paz urbana - crédito @tobonvillada / X
Tras este saneamiento, la autoridad disciplinaria amplió el caso e involucró formalmente a León Rodríguez, que también se desempeña como subdirector del penal.
Tres meses de suspensión sin ingresos
De acuerdo con la comunicación de la Procuraduría, la medida también contempla el bloqueo de la remuneración para los implicados durante tres meses, mientras avanza la investigación.
Entre los suspendidos se encuentran los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas.
También se encuentran en la lista el intendente Eduardo Parra Ceballos, los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y el inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia. Todos ellos permanecerán apartados de sus cargos mientras se esclarecen los hechos.
Revelan detalles de pagos a guardias que permitieron la fiesta en la cárcel de Itagüí
La celebración realizada el 8 de abril de 2026 en la cárcel de Itagüí generó una fuerte polémica tras revelarse que dragoneantes del Inpec habrían recibido pagos individuales para permitir la fiesta, que contó con la presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez.
Los incentivos habrían alcanzado hasta un millón de pesos colombianos por persona para facilitar el ingreso de licor, artistas y visitantes sin controles oficiales. El episodio fue difundido mediante videos en redes sociales, donde se reportó la participación de cabecillas criminales.
El concejal de Medellín Andrés Tobón presentó documentos que detallan la supuesta distribución de dinero entre el personal de vigilancia, quienes permitieron la entrada de más de 130 personas, incluidos 41 hombres y al menos ocho menores de edad, durante el evento.
Según la denuncia formalizada ante el Concejo de Medellín por la concejal Claudia Carrasquilla, al menos 100 millones de pesos del total invertido se asignaron al pago del artista Nelson Velásquez, y el resto se destinó a alimentos, bebidas alcohólicas, servicios logísticos y otros músicos.
Por su parte, el concejal Tobón señaló que “lo que venía sucediendo en ese centro penitenciario es absolutamente grave, que no se resuelve simple y llanamente sancionando a los dragoneantes tampoco se resuelve con comunicados”.
El cabildante antioqueño exigió resultados concretos y justicia por las irregularidades que ocurrieron en el penal en el que están albergados las cabecillas de grupos armados con fuerte presencia en el departamento.
La investigación también reveló que no se registró el ingreso de vehículos, elementos logísticos, ni músicos, con la complicidad de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
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