Estos son los Barrios de Paz, el proyecto estatal que pretende dialogar con capos en asentamientos en Medellín

El programa Barrios de Paz, promovido por el Gobierno colombiano, representa un avance destacado en la intervención de asentamientos informales en Medellín y el Valle de Aburrá.

Impulsado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el proyecto involucra también a representantes de estructuras armadas presentes en la región, con el objetivo de transformar las condiciones de vida en comunidades vulnerables.

En 2024, la mesa de diálogo entre el Gobierno de Colombia y voceros de bandas armadas ha mostrado progresos con la puesta en marcha de Barrios de Paz.

El programa gubernamental busca formalizar y mejorar el entorno de sectores como Nueva Jerusalén y Altos de Oriente, integrando tanto a autoridades oficiales como a delegados de las organizaciones armadas. La estrategia consiste en intervenir y regularizar estas áreas para combatir la precariedad histórica que enfrentan sus habitantes.

Bajo la dirección de Claudia Andrea Ramírez, directora de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, el programa fue reglamentado en 2024 con un enfoque de transformación territorial de los asentamientos informales en el área metropolitana de Medellín.

Como explicó Ramírez a Semana, el propósito es “transformar territorialmente los asentamientos humanos con déficit cuantitativo y cualitativo”. El instrumento principal será el Plan de Gestión del Hábitat, que marcará la ruta para todas las intervenciones físicas y socioeconómicas requeridas en el territorio.

Las primeras acciones ya se evidencian en comunidades como las ya mencionadas Nueva Jerusalén y Altos de Oriente, situadas en el municipio de Bello. Allí, el Ministerio de Vivienda ha acompañado procesos de formalización, buscando mejorar el espacio público, garantizar servicios básicos como agua y energía, y habilitar vías adecuadas. El objetivo central es reducir la pobreza en zonas históricamente excluidas.

Participación de bandas armadas y retos en la mesa de paz

El proceso incluye la participación activa de voceros de las bandas armadas del Valle de Aburrá, especialmente del grupo La Terraza. Según el medio citado, José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas, es uno de los representantes en la mesa de diálogo.

Alias Douglas, calificado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como un criminal peligroso, permanece en prisión y ha solicitado sin éxito la libertad condicional.

La presencia de estos líderes en las negociaciones ha sido objeto de debate. Las organizaciones armadas han ejercido durante años un control informal en servicios básicos dentro de los asentamientos. Ahora, el Estado busca canalizar esa influencia hacia procesos de legalización y desarrollo comunitario, planteando significativos desafíos en convivencia y respeto a la ley.

Obstáculos y antecedentes en los asentamientos informales

El proyecto enfrenta dificultades vinculadas al control ilegal de recursos. Un informe de Semana reportó que miembros de La Terraza cobran por la energía eléctrica y el agua en zonas donde la prestación formal es inviable debido a la informalidad de las viviendas.

También se denuncia la venta irregular de terrenos en áreas de alto riesgo a familias vulnerables, lo que agrava la situación de quienes buscan un lugar donde vivir.

En junio de 2023, una tormenta en Altos de Oriente, Bello, dejó 21 personas fallecidas, evidenciando la gravedad de las condiciones habitacionales y la urgencia de regularizar estos asentamientos.

Tras el incidente, el Ministerio de Vivienda resaltó, en declaraciones recogidas por Semana, que las actuales estrategias van más allá de la formalización, ya que incluyen dotar a los barrios de servicios, equipamientos y espacio público, con la participación activa de la comunidad.

Las intervenciones planificadas tienen como finalidad que los beneficios lleguen efectivamente a quienes más los necesitan, garantizando cambios reales en la vida diaria de los habitantes.

Al priorizar la mejora de la infraestructura y la inclusión social, las autoridades avanzan hacia un modelo de gestión urbana que, de consolidarse, podría convertirse en un referente para la paz territorial en otras zonas de Colombia.