El reciente fallo de la justicia colombiana marcó un nuevo capítulo en el caso de Richard Antonio Pérez, sargento retirado del Ejército Nacional, al ser condenado a 15 años y 4 meses de prisión por el delito de tortura agravada contra su hijastro, Sergio Andrés, un niño de cinco años que falleció en 2016.
Esta sentencia se suma a la impuesta en 2019, cuando un tribunal lo halló culpable de homicidio agravado con dolo eventual, condenándolo a 33 años y 4 meses de cárcel. El caso, documentado por la Fiscalía General de la Nación, expuso una serie de hechos de violencia sistemática que resultaron en la muerte del menor.
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Secuestro y aislamiento: los primeros años bajo custodia
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el drama del niño comenzó en 2013, cuando Pérez lo trasladó del municipio de Granada, en el departamento del Meta, a un lugar desconocido, sin autorización de la madre biológica.
Amparado en un acta de conciliación obtenida en una Comisaría de Familia, el exmilitar logró la custodia del menor, aunque no era su padre biológico. Durante tres años, la madre buscó recuperar a su hijo, sin éxito, pese a acudir a entidades como la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
En septiembre de 2015, Pérez se mudó a un apartamento en la urbanización Sol de Villanueva, en el centro de Medellín, y adoptó el nombre falso de “Cristian” ante sus vecinos. Desde octubre de ese año, el niño permaneció encerrado en la vivienda, sin acceso a educación ni contacto con otros menores.
“El niño se encontraba totalmente desescolarizado, sin la supervisión de ningún cuidador, y se le impedía utilizar las áreas comunes de la unidad residencial”, describió la Fiscalía en un comunicado.
Maltrato sistemático y condiciones de vida extremas
Durante el periodo que estuvo bajo el cuidado de Pérez, el niño fue sometido a un régimen de aislamiento y negligencia. El expediente judicial detalla que el suboficial salía a trabajar y dejaba al menor solo en el apartamento, con alimentación deficiente y sin atención médica para lesiones previas. El análisis forense confirmó signos de desnutrición y una fractura en el antebrazo izquierdo que nunca fue tratada clínicamente.
“Así mismo, se demostró que el niño presentaba lesiones recientes y otras antiguas, con signos de maltrato infantil crónico”, indicó el ente investigador. Entre las lesiones se identificaron hematomas en diferentes fases de curación y una herida profunda en la rodilla. El organismo acusador también subrayó la falta de contacto del menor con su familia materna y la ausencia de cuidados básicos.
La noche fatal y el dictamen forense
El desenlace ocurrió la noche del 6 de febrero de 2016. Pérez llevó al niño a la Clínica Medellín cerca de las 11:00 p. m. argumentando que sufría de vómito severo. Sin embargo, el personal médico registró que el menor ingresó sin signos vitales, con las pupilas dilatadas y ausencia total de pulso. “El cuerpo presentaba múltiples cicatrices y una evidente deformidad en el muslo por fractura”, detalló el informe forense.
El Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la causa de muerte fue un choque hipovolémico producto de la ruptura de vasos mesentéricos tras una golpiza reciente.
“La necropsia reveló traumatismos severos en los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones”, según el dictamen. La evidencia descartó por completo la versión del vómito y dejó en claro que el menor padeció una larga secuencia de agresiones físicas.
Doble condena y argumentos judiciales
La defensa de Pérez intentó cerrar el proceso por tortura alegando que no podía ser juzgado dos veces por los mismos hechos, debido a la condena previa por homicidio.
No obstante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín desestimó esta petición y determinó que los delitos de homicidio y tortura eran autónomos y respondían a conductas independientes. Mientras la condena por homicidio sancionó el acto que causó la muerte, la de tortura castigó las acciones sistemáticas previas de maltrato y confinamiento.
Según la Fiscalía General de la Nación, “estas conductas incluyeron el confinamiento ininterrumpido, la privación prolongada del contacto materno y los castigos físicos reiterados, que infligieron profundo dolor físico y psíquico al menor durante meses”.
El impacto jurídico y social del caso
La acumulación de sentencias —más de 48 años de prisión— contra el suboficial retirado refleja la gravedad con que la justicia colombiana abordó el caso. El expediente detalla cómo la estrategia de ocultamiento y la creación de una identidad falsa por parte de Pérez dificultaron la intervención de las autoridades y prolongaron el sufrimiento del menor.
El caso de Sergio Andrés Pérez Carrascal expuso las falencias en los sistemas de protección infantil y el desafío que enfrentan las instituciones para detectar y responder a situaciones de maltrato crónico.
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