El abogado destacó que la decisión protege los derechos fundamentales y visibiliza la lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans. - crédito @bantuashanti/X
La Corte Constitucional revocó la condena de 10 años de prisión contra la influencer Andrea Burgos, conocida en redes como ‘La Burgos’, y ordenó su libertad inmediata tras considerar que el proceso judicial que la llevó a la cárcel estuvo marcado por irregularidades y violaciones al debido proceso.
El caso se remonta a 2018 en Buenaventura, cuando Burgos fue detenida en un procedimiento que, según su defensa, presentó múltiples inconsistencias. Durante el operativo, se le vinculó a la supuesta posesión de un arma de fuego, sin que existieran pruebas sólidas que lo confirmaran. Pese a ello, la justicia ordinaria dictó una condena de diez años de prisión, que recién conoció la influencer en enero de 2025, cuando fue capturada para cumplir la pena.
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La revisión del caso se dio gracias a una acción de tutela presentada por su defensa, liderada por el abogado penalista y activista Alí Bantú Ashanti. La Corte Constitucional concluyó que hubo fallas en la notificación del proceso, impidiendo que Andrea Burgos participara plenamente en su defensa durante años.
El tribunal destacó que el Juzgado 004 Penal del Circuito de Buenaventura no comunicó debidamente las audiencias preparatorias, de juicio oral ni de lectura de sentencia. Además, de acuerdo con El Espectador, el defensor público asignado inicialmente actuó de manera “negligente”, sin garantizar la presencia de la influencer en las etapas clave del proceso.
La Corte señaló que, incluso cuando las audiencias se dejaron constancia de la inasistencia de Burgos, no se realizaron gestiones adicionales para ubicarla, y el proceso continuó sin que pudiera ejercer su derecho de defensa. Este conjunto de fallas llevó al tribunal a catalogar la condena como irregular, revocándola y ordenando la libertad de la influencer en un plazo máximo de 48 horas.
Posible “falso positivo judicial”
En el expediente se hace referencia al término “falso positivo judicial”, utilizado por la defensa para describir procesos en los que se presentan fallas graves en el debido proceso, ausencia de defensa técnica y notificaciones irregulares. El Colectivo Justicia Racial, que acompañó la defensa, documentó todo el proceso desde la detención hasta la decisión de la Corte y recaudó más de 30 mil firmas solicitando la revisión del caso y denunciando discriminación institucional.
Discriminación por identidad de género
El caso también puso en evidencia la vulneración de derechos por identidad de género. Durante su captura y proceso judicial, Andrea Burgos fue llamada “joven gay” y referida con pronombres masculinos, ignorando su identidad como mujer trans. La Corte Constitucional señaló que la discriminación hacia personas LGTBIQ+ comienza por el lenguaje usado por las autoridades y exhortó a que se respete siempre el género con el que las personas se identifican.
Declaraciones de la defensa
Alí Bantú Ashanti celebró la decisión a través de un video difundido en redes sociales: “Hoy quiero informarle a toda Colombia, especialmente a la comunidad de Buenaventura y a la población trans, que logramos tumbar la decisión que condenaba a Andrea Burgos a diez años de prisión por un delito que no cometió. Con esfuerzo, compromiso y ética, protegimos sus derechos fundamentales y aseguramos su libertad”.
Contexto de los hechos
Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 2 de diciembre de 2018, cuando, según la Policía, Andrea Burgos habría arrojado un arma de fuego sobre el andén de una vivienda durante una requisa. Según El Espectador, la influencer aseguró que ese día salía de un funeral, presenció movimientos en el lugar y decidió quedarse, sin portar arma alguna. Incluso relató que uno de los agentes le dijo explícitamente: “Con usted me gano un permiso”.
Implicaciones del fallo
De acuerdo con el medio ya mencionado, el fallo de la Corte Constitucional no solo deja en libertad a Andrea Burgos, sino que también sienta un precedente sobre el respeto a los derechos fundamentales, la defensa efectiva y la identidad de género en los procesos judiciales. Además, instruye a la Defensoría Pública a garantizar que los citados a audiencias reciban correctamente las notificaciones y puedan ejercer su derecho de defensa.
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