A pesar de que la mayoría de los miembros de la junta directiva de Ecopetrol fueron designados por el gobierno de Gustavo Petro, la dirección de la petrolera estatal colombiana acordó el lunes 6 de abril de 2026 la salida de Ricardo Roa, presidente de la petrolera, mediante un mecanismo diplomático: combinación de vacaciones y licencia no remunerada.
La resolución evidencia una fractura en la coalición interna, profundizada por las investigaciones judiciales en curso y presiones vinculadas a la política e intereses internacionales, de acuerdo con información publicada por El Tiempo.
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La decisión trascendió tras la imputación formal a Roa, de 63 años, por presunto tráfico de influencias, anunciada por la Fiscalía el 11 de marzo de 2026, y a solo un día de la citación legal por violaciones a los topes de financiación electoral, prevista para el miércoles 8 de abril,señaló el medio citado.
Las investigaciones se centran en la controvertida adquisición de un inmueble de lujo, identificado como el apartamento 901, y en la supuesta infracción de normas de financiamiento de campaña, una cuestión que, incluso, motivó revisiones de autoridades en Estados Unidos.
La jornada se inició con la cancelación de una reunión entre la junta y el presidente, dato inicialmente difundido por el periódico. Pese a que circuló la versión de que el encuentro se había adelantado el fin de semana anterior, portavoces de la Presidencia desmintieron esa información.
Según las mismas fuentes citadas, desde la Casa de Nariño se realizaron varias llamadas para asegurar la permanencia de Roa en el cargo, argumentando un supuesto complot de sectores de derecha enfocado en retomar el control de Ecopetrol durante un momento electoralmente sensible.
La composición de la votación expuso la debilidad del respaldo a Ricardo Roa
La discusión formal de la salida de Ricardo Roa comenzó a las 4:00 p.m. En ese escenario, Ángela María Robledo, presidenta de la junta directiva, sostuvo ante el directorio que las imputaciones obedecían prioritariamente a maniobras políticas, no judiciales. Robledo también manifestó su inconformidad por las filtraciones de información a la prensa.
A la defensa pública de Roa se sumó Hildebrando Vélez, padre de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, que intervino para solidarizarse con el Ejecutivo. Igualmente, subrayó la relevancia de determinar, mediante votación inmediata, si Roa debía seguir al frente de la compañía a pesar de los procesos en su contra, reveló el medio citado.
El escenario votacional reflejó una división notable: cinco votos a favor de la continuidad de Roa (Robledo, Vélez, Alberto Merlano, Tatiana Roa y Carolina Arias) contra cuatro en contra (César Loza, Juan Gonzalo Castaño, Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez). No obstante, la diferencia mínima dejó al entonces presidente de la estatal en una posición frágil, con una legitimidad interna gravemente erosionada.
Roa, por su parte, comenzó a exponer las condiciones para su salida a título voluntario, con el argumento de motivos personales e incluso aludiendo a cuestiones de salud.
El presidente Petro atribuyó presiones externas a la destitución de Roa
Mientras la junta deliberaba, el presidente Gustavo Petro se manifestó públicamente a través de la red social X. En su mensaje, denunció que los movimientos para apartar a Ricardo Roa respondían a presuntas amenazas provenientes tanto de sectores uribistas como, supuestamente, de actores estadounidenses.
“El presidente de Ecopetrol, a quien los miembros que delegué en la junta directiva de Ecopetrol y que son mayoría, piensan sacar transitoriamente, les dije que se asustaron con las amenazas uribistas y de cambio radical de que los gringos buscan sacarlo (sic)”, declaró el mandatario.
En la misma serie de mensajes, Petro subrayó: “Yo dije que jamás he sentido una actitud de Estados Unidos contra Ecopetrol. Aquí tengo representantes míos en las juntas directivas de las empresas públicas que se asustan, no con los gritos de los gringos sino de los uribistas. ¡Ay Dios!, cómo se les ocurre ofrecer en bandeja al presidente de la mayor empresa del país y al mismo presidente de la República a la extrema derecha solo por susto (sic)”.
Integrantes de la junta coincidieron en la necesidad de informar a autoridades estadounidenses ante toda reunión con el presidente, posición fundada en el hecho de que Petro figura aún en la denominada Lista Clinton. Los propios directores temían quedar expuestos a sanciones y eventuales indagaciones en caso de no actuar para proteger a la compañía frente a potenciales daños reputacionales y financieros, según El Tiempo.
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