La decisión del Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro de imponer un impuesto al patrimonio a las universidades privadas —un gravamen que obliga a las academias a pagar impuestos por el valor de sus bienes y propiedades— generó rechazo por parte de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.
La congresista, que también tiene el cargo de jefa de debate del candidato presidencial Sergio Fajardo, afirmó que esta medida representa un grave “error” que afectará directamente la educación superior en Colombia.
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A través de su cuenta en la red social X, Pedraza señaló que “mañana 75 universidades privadas tendrán que pagar en impuesto al patrimonio aproximadamente 135.000 millones de pesos”.
La representante argumentó que el cobro resulta contradictorio con la Ley 30 de 1992, que prohíbe a las instituciones privadas obtener dinero, y cuestionó: “Si no tienen lucro, ¿por qué pagar impuestos al patrimonio?”.
La congresista ejemplificó la medida con la infraestructura de las universidades: “Si hay un edificio de laboratorios, ahora las universidades deberán pagar impuestos por tener ese edificio. No tiene sentido”.
De acuerdo con Pedraza, esta decisión desincentiva la inversión en infraestructura educativa, limita programas de becas y debilita iniciativas de bienestar para los estudiantes: “Por eso es un error que el Gobierno les cobre impuesto al patrimonio, esta medida solo desincentiva la inversión en educación, en infraestructura y debilita apuestas como becas y programas de bienestar en las U Privadas (sic)”.
La legisladora también advirtió sobre los efectos en las figuras dentro del plantel académico “Quienes llevan del bulto son los estudiantes, que pagan las matrículas, y los docentes, ya bastante precarizados, ante la estrechez de liquidez en las universidades privadas de calidad hoy en el país”.
Jennifer Pedraza consideró que imponer esta carga financiera a las universidades privadas, cuando la cobertura pública aún es limitada, solo restringe el acceso a la educación.
Consecuencias financieras para las universidades privadas
Las declaraciones de la congresista, que se caracteriza por ser una de las líderes opositoras al Gobierno Petro, se producen luego de que Óscar Domínguez, director de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), manifestara su preocupación en 6AM W de Caracol Radio.
Domínguez explicó que el impuesto al patrimonio decretado para atender la emergencia invernal tiene un efecto directo sobre las finanzas de estas instituciones.
La preocupación se centra en instituciones como la Universidad Externado, que deberá pagar entre $23.000 y $24.000 millones. Domínguez recordó que Ascun agrupa 98 universidades, de las cuales 64 son privadas y 35 públicas, por lo que reiteró la solicitud de revisar la inclusión de estas instituciones en el decreto económico por sus posibles efectos negativos sobre los jóvenes.
El director de Ascun destacó que la situación es complicada y perjudica la operación de las universidades privadas, por lo que señaló para el medio en mención que: “El año 2025 nos sorprendió en diciembre con el aumento del salario mínimo y las universidades tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para compensar ese diferencial que habíamos programado con un valor muy por debajo de lo que finalmente se decretó”.
De acuerdo con Domínguez, 60 de las 64 universidades privadas afiliadas a Ascun se verán afectadas por este impuesto, lo que contribuirá al debilitamiento de su sostenibilidad financiera.
También precisó que al inicio de cada semestre las instituciones calculan sus presupuestos con base en las matrículas, y ahora “el Gobierno les está diciendo que les tiene que entregar el equivalente a unas 15.000 matrículas, algo que afecta terriblemente el sistema”.
La posición de Jennifer Pedraza refuerza la preocupación del sector universitario privado sobre la necesidad de proteger la educación de calidad y garantizar recursos para becas y programas de bienestar, evitando que medidas impositivas comprometan tanto a estudiantes como a docentes.
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