“Deuda incobrable de $4,5 billones”: gobernadores alertan impacto por liquidación de EPS en Colombia

La Federación Nacional de Departamentos (FND) alertó que la liquidación de EPS en Colombia podría generar una deuda incobrable de hasta $4,5 billones para los hospitales públicos, según información publicada por Semana. La advertencia surge tras la instrucción del Gobierno de cerrar entidades en quiebra.

Los gobernadores señalaron que la medida carece de un plan de transición territorial, lo que pondría en riesgo la atención de millones de pacientes y la estabilidad del sistema de salud, de acuerdo con ese medio de comunicación. La preocupación se centra en el impacto regional.

“Lo que está en juego es la atención de millones de colombianos (…) por decisiones improvisadas”, afirmó Rafaela Cortés, presidenta de la FND, al cuestionar la implementación de la medida sin respaldo técnico suficiente.

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Deudas millonarias y riesgo para hospitales

El principal punto de alerta radica en el impacto financiero que tendría la liquidación de las EPS sobre la red hospitalaria pública. Según datos del Sistema de Información Hospitalario, las ocho EPS intervenidas acumulan deudas por $10,6 billones con hospitales públicos, una cartera que históricamente se vuelve irrecuperable en un 99 % tras los procesos de liquidación. Esto significa que, en la práctica, los recursos adeudados difícilmente regresarían al sistema.

En un escenario en el que seis de estas entidades sean liquidadas, las Empresas Sociales del Estado (ESE) podrían enfrentar pérdidas cercanas a $4,5 billones, lo que representa casi la mitad de la cartera hospitalaria nacional. Este golpe financiero tendría consecuencias directas en la operación de hospitales en regiones, donde la sostenibilidad depende en gran medida del flujo de recursos provenientes del aseguramiento en salud.

Riesgo en la continuidad de tratamientos

Más allá del impacto económico, la FND advirtió que una liquidación sin planificación adecuada comprometería la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o huérfanas. Estos usuarios dependen de procesos constantes de atención, suministro de medicamentos y procedimientos especializados que no pueden interrumpirse sin consecuencias graves.

El traslado masivo de afiliados, sin garantías de aseguramiento en cada territorio, podría generar vacíos en servicios críticos como diálisis, quimioterapia o cirugías programadas. En regiones con menor capacidad instalada, este riesgo se amplifica, ya que no existen suficientes operadores para absorber la demanda de manera inmediata.

Exigencias técnicas al Gobierno

Frente a este panorama, la Federación formuló ocho requerimientos al Gobierno Nacional con el objetivo de garantizar una transición ordenada. Entre ellos, propuso la creación de una mesa técnica con los ministerios de Salud y Hacienda para evaluar la situación en cada departamento antes de tomar decisiones definitivas.

También solicitó mecanismos de protección de la cartera pública, como fondos de garantía o compra de deuda, para evitar que los hospitales asuman pérdidas irreversibles. Otro punto clave es la certificación de aseguradores alternativos en cada región, con el fin de garantizar que los afiliados no queden desprotegidos durante el proceso.

Además, la FND pidió claridad sobre la deuda de la Nueva EPS, que asciende a $6,04 billones, así como definiciones sobre el papel de socios privados en EPS mixtas y el modelo de funcionamiento del sistema en caso de cambios estructurales.

Críticas al momento de la decisión

Los gobernadores también cuestionaron el momento en que se plantea la liquidación de las EPS, al considerar que una transformación de esta magnitud en el último año de Gobierno genera incertidumbre institucional. Según la FND, cualquier reforma de fondo debería contar con una planeación gradual que permita al próximo gobierno recibir información completa y opciones de política pública.

Este punto refleja una preocupación por la sostenibilidad de las decisiones a mediano plazo, ya que una implementación apresurada podría generar efectos difíciles de revertir en el sistema de salud.

Impacto territorial y desigualdades

El pronunciamiento enfatiza que el impacto de la medida no será homogéneo en todo el país. Las regiones con menor capacidad financiera y operativa serían las más afectadas, ya que dependen en mayor medida de la red pública para garantizar la atención de sus poblaciones.

La ausencia de un enfoque territorial en la transición podría profundizar las desigualdades en el acceso a servicios de salud, especialmente en zonas rurales o apartadas donde la oferta es limitada. En estos contextos, cualquier interrupción en la prestación de servicios puede tener consecuencias más severas.

Un llamado a evitar vacíos en el sistema

La Federación concluyó que el sistema de salud no admite vacíos en su funcionamiento, especialmente cuando se trata de garantizar derechos fundamentales. En ese sentido, advirtió que cualquier deterioro en la atención de los pacientes será consecuencia directa de una falta de planeación.

El llamado de los gobernadores apunta a que las decisiones sobre la liquidación de EPS estén acompañadas de medidas técnicas, financieras y operativas que aseguren la continuidad del servicio. De lo contrario, el impacto podría trasladarse a millones de usuarios y a una red hospitalaria que ya enfrenta múltiples desafíos estructurales.