El futuro del sistema de salud en Colombia volvió a estar en el centro del debate político, esta vez por cuenta de una decisión que generó fuertes reacciones. La posibilidad de liquidar varias EPS intervenidas no solo encendió alertas en el sector, también abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la oposición.
Desde la orilla política, una de las críticas más contundentes llegó de la candidata presidencial Paloma Valencia. La militante del Centro Democrático cuestionó la medida y planteó que sus efectos podrían ir mucho más allá de un ajuste administrativo dentro del sistema.
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A través de un hilo en X, Valencia expuso su lectura sobre lo que está ocurriendo. Según afirmó, la decisión haría parte de una “estrategia premeditada” que, en su opinión, busca debilitar el modelo actual para impulsar un cambio estructural hacia un sistema estatal.
En ese contexto, la candidata presidencial advirtió que el anuncio podría profundizar una crisis que calificó como “humanitaria”. A su juicio, las acciones del Ejecutivo responden a una “obsesión por estatizar el sistema”, lo que, según dijo, derivó en una gestión “indolente e incompetente” frente a las necesidades de los pacientes.
Uno de los puntos más delicados de su pronunciamiento tiene que ver con las EPS que ya estaban bajo intervención estatal. Valencia señaló que la eventual liquidación podría impedir conocer lo que ocurrió durante ese proceso. “Van a intentar liquidarlas porque las intervinieron hace más de un año y, antes de que podamos salvar el sistema, van a acabarlas para ocultar la información de esas intervenciones”, afirmó.
En la misma línea, reforzó su postura con otra afirmación: “Las quieren liquidar para ocultar información”. Según explicó, existirían reportes de “manejos oscuros” por parte de los interventores designados por el Gobierno, lo que, en su criterio, debería ser investigado antes de tomar decisiones definitivas.
Para Valencia, el cierre de estas entidades no solo dificultaría el acceso a esa información, sino que también dejaría sin claridad el estado real de las finanzas y de la calidad del servicio durante la intervención. Esto, advirtió, podría diluir responsabilidades tanto políticas como técnicas en medio de la crisis.
Además, alertó sobre las consecuencias inmediatas para el sistema. “Liquidar las EPS intervenidas no soluciona nada: genera pánico en el sistema y pone en riesgo a los proveedores que con esfuerzo siguen atendiendo a los pacientes”, sostuvo. En su diagnóstico, la medida afectaría la estabilidad de clínicas, hospitales y usuarios.
La candidata también señaló que millones de colombianos podrían quedar sin una ruta clara de aseguramiento, lo que, según dijo, agrava la incertidumbre en un sistema ya tensionado. Incluso calificó la decisión como una “venganza personal del presidente”. Frente a este panorama, Valencia no se limitó a la crítica. Presentó una propuesta estructurada en cuatro ejes, con la que busca “construir sobre lo construido” y preservar el modelo mixto actual.
El primer punto es un plan de choque con un horizonte de 100 días. La idea es realizar una caracterización detallada de las quejas acumuladas y priorizar los casos más urgentes, especialmente aquellos que ponen en riesgo la vida de los pacientes, como cirugías pendientes o entrega de medicamentos.
En segundo lugar, planteó reactivar de manera inmediata la prestación de servicios, garantizando que los usuarios puedan seguir eligiendo quién los atiende. En este punto, hizo énfasis en mejorar las condiciones laborales del personal de salud, a quienes describió como los “héroes” que sostienen el sistema.
Otro eje clave de su propuesta es la revisión técnica de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Valencia consideró que este mecanismo no está cubriendo adecuadamente los costos reales del sistema, por lo que propone un ajuste basado en criterios epidemiológicos y financieros.
Finalmente, sugirió la titularización de la deuda como una alternativa para inyectar liquidez. Con este mecanismo, explicó, se podría atraer capital privado que permita aliviar la presión financiera sobre clínicas y hospitales, evitando cierres y reduciendo el desabastecimiento de insumos. La discusión, por ahora, sigue abierta. Mientras el Gobierno avanza en sus decisiones, desde distintos sectores se plantean rutas alternativas. En medio de ese pulso, Valencia insiste en una idea que resume su postura: “mantener lo que funcionaba y mejorar lo que no”.
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